El Decreto 1451 del 4 de septiembre de 2023, fue publicado por el Gobierno Nacional a principios de esta semana, en él se establecen las condiciones bajo las cuales las mujeres gozarán de este beneficio.
El Ministerio de Justicia y del Derecho hizo oficial la publicación del Decreto 1451 del 4 de septiembre de 2023, hecho que generó un cambio importantísimo en la justicia penal de Colombia.
Mediante este Decreto se establecen las condiciones, garantías y excepciones que se tendrán en cuenta para poder otorgar la libertad a más de 5000 mujeres que son madres cabeza de hogar y que se encuentran actualmente cumpliendo condenas iguales o inferiores a 8 años, en diferentes centros penitenciarios del país.
La medida, que había sido anunciada por el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente Gustavo Petro, a principios de este año, busca beneficiar a las reclusas que estén condenadas por delitos menores como hurto, siembra de cultivos de uso ilícito, tráfico o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles; delitos que estarían asociados a condiciones de marginalidad y que afectan la manutención del hogar.
Dentro de las condiciones que establece el reciente documento, están que, el proceso para sustituir la medida de privación de la libertad, se dará bajo la supervisión de un juez y deberá acompañarse de un servicio social que cumplirá cada una de las mujeres beneficiadas por esta iniciativa.
En cuanto al servicio social que deben hacer estas mujeres madres cabeza de familia, también existen ciertos lineamientos mínimos que se deberán cumplir para validar el cumplimiento del requisito como parte de sus procesos de reintegración a la sociedad; por ejemplo: las actividades que se desarrollen bajo este servicio tendrán que ver con la recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal, y en general actividades que le apunten al fortalecimiento del bienestar de la sociedad.
Por medio del documento se precisó también que estos servicios no pueden ser usados para el beneficio o favorecimiento de intereses de organizaciones o empresas privadas.
Las más de 5000 mujeres que se verán beneficiadas por el cumplimiento de este decreto, también deberán ser afiliadas al Sistema de Seguridad Social, y quienes no tengan la posibilidad de pago para cotizar, serán dirigidas a la Secretaría de Salud para iniciar el trámite regular correspondiente en esos casos.
