Las lista de crímenes incluye la exigencia de coimas para liberar a ladrones y jíbaros detenidos en flagrancia, según la Fiscalía.
Capturas arbitrarias, extorsiones a delincuentes, recepción de sobornos y adulteración de bases de datos, entre otros hechos de corrupción, hacen parte de las imputaciones que hizo la Fiscalía contra 12 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Los implicados trabajaban en la localidad de Puente Aranda, según las denuncias de algunos ciudadanos recogidas por el ente acusador en los últimos meses. Se trata de un teniente y 11 patrulleros, que ya fueron capturados.
La Fiscalía informó este martes que los policías fueron imputados por cargos de concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico de estupefacientes.
Todos se declararon inocentes y a nueve de ellos los mandaron a la cárcel, mientras que los otros tres recibieron el beneficio de la detención domiciliaria, al cabo de las audiencias de control de garantías ante el juez. ¿Pero qué fue lo que hicieron?
“Se conoció que presuntamente exigieron dinero a personas capturadas en flagrancia por hurto y venta de estupefacientes al menudeo, para no ponerlas a disposición de la autoridad judicial; realizaron detenciones arbitrarias y sin sustento para aumentar las estadísticas de los CAI del sector y recibir beneficios personales; permitieron el paso de mercancía de contrabando a los sectores de San Andresito y se concertaron con redes delincuenciales para robar cable y comercializar el cobre”, aseveró la Fiscalía en un comunicado.
Sobre este último caso, la fiscal encargada dijo en la audiencia que los implicados “se asociaban con personas en condición de calle para planear el hurto de cable de la empresa telefonía y comunicaciones ETB; adicionalmente permitían la quema de este cable para extraer el cobre, el cual era vendido en ocasiones hasta por los mismos uniformados en tiendas de compraventa de este metal”.
El ente acusador detalló que los sospechosos habrían alterado los reportes judiciales para tratar de legalizar esas actuaciones irregulares, y que en cuentas bancarias clandestinas movieron más de $200 millones.
Por el momento, los investigadores detectaron 26 hechos delictivos en relación a los detenidos, aunque no descartan que haya más.
