Jorge Gamba, productor agropecuario del sur del departamento denunció haber sido víctima de amenazas e intentos de extorsión por parte de un grupo armado ilegal. Por razones de seguridad y a solicitud de las autoridades, no se ha revelado públicamente el nombre del grupo responsable, con el fin de no interferir en el curso de las investigaciones.
El ciudadano, que decidió visibilizar su caso mediante un video en redes sociales, relató que tras presentar la denuncia, otras personas lo han contactado para contarle experiencias similares, aunque la mayoría no han reportado los hechos ante las autoridades por miedo a represalias. “Eso es lo más grave”, aseguró, “porque sin denuncias, las instituciones no tienen herramientas para actuar”.
Acompañado de su familia, tomó la decisión de hacer público su caso no solo para proteger su integridad, sino también para enviar un mensaje a otros gremios como ganaderos, comerciantes, transportadores y líderes sociales que, según afirmó, también han sido objeto de amenazas. “Hoy nos están persiguiendo solo por ser parte de un sector productivo o ejercer algún tipo de liderazgo”, afirmó.
El productor recordó que ya ha vivido situaciones similares en el pasado, incluida su retención por parte de un grupo guerrillero. Indicó que, tras un tiempo de relativa calma, las amenazas resurgieron a partir de 2020 y se han mantenido desde entonces, afectando no solo a él, sino también a su esposa y a otros miembros de su familia.
Pese a que las denuncias están debidamente registradas ante la Fiscalía, manifestó su preocupación por la recurrencia del fenómeno. “Esto genera miedo, incertidumbre. Uno se pregunta si debe seguir produciendo o simplemente irse, porque lo primero es la vida de uno y de su familia”, expresó.
Uno de los aspectos más alarmantes, según relató, es que muchas de las amenazas e intimidaciones provienen desde centros penitenciarios, lo que, a su juicio, evidencia fallas graves en el control carcelario. “Es inaceptable que desde las cárceles se esté extorsionando. Llaman, amenazan, saben todo sobre uno: nombres, rutinas, la empresa. Es como si nos tuvieran vigilados”, denunció.
Gamba expresó que parte de su actividad económica se desarrolla en el sur de Casanare, cerca de municipios como Villanueva y Monterrey, zonas que han vivido recientemente un incremento en los casos de violencia e intimidación por parte de grupos armados. Aunque reconoció que las autoridades han tenido avances importantes —como la desarticulación de un grupo que intentaba reorganizarse en Monterrey— insistió en que el problema sigue siendo grave.
“La respuesta institucional ha sido oportuna en varios casos. Hay que decirlo, están trabajando y confiamos en ellos. Pero no podemos normalizar el miedo. Este flagelo se ha vuelto parte del día a día en Colombia y no debería ser así”, señaló.
Finalmente, hizo un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier hecho delictivo. “No nos podemos dejar amedrentar. No se trata solo de publicar en redes, hay que ir a la Fiscalía y dejar constancia. Solo así las autoridades pueden actuar. No podemos seguir permitiendo que quienes ni siquiera son de esta tierra vengan a sembrar miedo en nuestras regiones”, concluyó.
