Entre los años 2000 y 2004 el exrepresentante legal destinó 400 mil millones de pesos, que debían ser usados para atender las necesidades de salud, en compras de bienes como por ejemplo inmuebles en Colombia y en el exterior.
La Fiscalía General de la Nación presentó material probatorio suficiente para que un Juez Penal del Circuito, en el marco de la Ley 600 de 2000, hallara responsable penalmente a Carlos Gustavo Palacino Antía por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, y lo
condenara a 10 años de prisión, y al pago de una multa equivalente a 297 mil millones de pesos, además de inhabilitarlo de por vida para ocupar cargos públicos.
Palacino Antía fue detenido y cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario en marzo de 2018 por orden de una Fiscal Especializada contra la Corrupción; y fue judicializado por irregularidades y malos manejos administrativos mientras fue presidente ejecutivo yrepresentante legal de SaludCoop EPS.
Actos de corrupción
La Fiscalía demostró que el hoy condenado se apropió ilegalmente de 400 mil millones de pesos; recursos provenientes de la llamada Unidad de Pago por Capitación (UPC). Según la investigación, por directriz de Palacino, la EPS utilizó dineros públicos dispuestos para atender la salud de sus afiliados, en la compra de bienes raíces en Colombia, México y Ecuador. También adquirió edificios y oficinas; realizó préstamos a socios y trabajadores; además de pagar viajes personales y adquirir vehículos de alta gama.
Este comportamiento, señaló la Fiscalía, afectó los servicios prestados a los afiliados, la liquidez de la entidad y motivó incumplimiento en el pago a proveedores. Las labores de policía judicial permitieron establecer que estas acciones ilícitas fueron realizadas mediante maniobras que modificaban el censo poblacional cubierto por la EPS.
Así, 240 mil afiliados que aparecían como mayores de edad, en realidad eran menores de 18 años. También se encontró que cerca de 300 mil usuarios reportaron inconsistencias en cuanto a sus apellidos paternos o maternos.
Además, 3.713 afiliados fallecidos continuaban activos en el sistema y 800 beneficiarios estaban registrados como hombres, siendo en realidad mujeres. Este fallo es de primera instancia y contra él proceden los recursos de ley
