Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas, lanzó dardos al gobierno Uribe y señaló que no tiene “rabo de paja”.
En una carta, el excomandante de las Autodefensas Salvatore Mancuso le respondió al presidente Gustavo Petro, quien expresó disposición de hablar con Mancuso para conocer su propuesta de ser gestor de paz, y recalcando que todo tiene que ir acompañado de la “verdad”.
Pues Mancuso señaló estar dispuesto a reunirse con el presidente y con el Alto Comisionado Danilo Rueda cuando lo consideren, y defendió que desde el principio de su comparecencia ante Justicia y Paz ha aportado a la verdad.
“Si tuvimos capacidad y formas de emprender una guerra tan frenética y desgarradora, también tenemos capacidad, formas y experiencia para ayudar a pararla. En este sentido señor Presidente, comparto con usted la máxima de que en cualquier caso la verdad tiene que ir por delante” manifestó Mancuso.
A su vez, felicitó al gobierno tras la entrega de una imponente finca en Córdoba, antigua propiedad del Clan Castaño, a campesinos víctimas de los paramilitares, señalando que la reforma agraria en el país sigue pendiente así como desmontar los “nuevos órdenes sociales” que “creamos los actores del conflicto bajo la mirada cómplice de los gobiernos anteriores”.
Asimismo, Mancuso lanzó un dardo al gobierno Uribe, indicando que ellos en su momento ellos mismos tuvieron que acudir a los magistrados de Justicia y Paz para que el gobierno Uribe recibiera los bienes que quería entregar. El exparamilitar expresó también que “el estado no fue competente y que gran parte de esos bienes, terminaron en terceros interesados de manera fraudulenta”.
“Tuvimos, paradójicamente, que recurrir ante los Magistrados de control de garantías de Justicia y Paz y a la Corte Suprema de Justicia, para obligar al gobierno de Uribe, y en aquella época, a la Agencia Presidencial para la Acción Social, a que recibieran las tierras y bienes” escribió.
Finalmente señaló que los exparamilitares fueron los primeros en denunciar el abandono de tierras y proyectos productivos culminando en “robo y saqueos de los bienes entregados en pleno rendimiento y que terminaron convertidos en un descarado detrimento patrimonial en contra de los intereses de las víctimas y su derecho a la reparación”.
