La tasa de éxito general del sector público nacional se situó en 81,3 % en junio de este año, de acuerdo con el más reciente Informe de Litigiosidad Nacional e Internacional, correspondiente al segundo trimestre de 2025.
El reporte, revelado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), destaca este desempeño como el reflejo de un incremento sostenido en la efectividad de las entidades del Estado en sus estrategias de defensa ante los tribunales nacionales e internacionales en los que ha debido comparecer.
Entre enero y junio de 2025 se registraron 29.808 nuevos procesos judiciales contra la Nación, una cifra similar a la del año anterior. No obstante, el indicador de éxito en los casos intervenidos por la ANDJE tuvo un crecimiento significativo de 11,3 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2024.
Las cifras del informe demuestran que los procesos judiciales activos contra el Estado se redujeron en el segundo trimestre del 2025 frente al mismo periodo de 2024, pasando de 339.748 a 327.229 causas, lo cual evidencia una estabilización en el panorama litigioso.
“Los resultados reflejan una intervención técnica cada vez más sólida por parte de la Agencia y un panorama de estabilidad en la litigiosidad estatal», señaló el director general de la ANDJE, César Palomino Cortés.
El funcionario destacó una reducción progresiva en la relación global entre las condenas y las pretensiones en los procesos fallados contra la Nación, lo que se traduce en una contención efectiva del impacto fiscal de las decisiones judiciales adversas.
Aunque los procesos de mayor cuantía representan solo el 0,3 % del total de casos, concentran cerca del 78 % del valor total de las pretensiones, estimadas en 539 billones de pesos. Esta concentración exige una gestión jurídica altamente estratégica y especializada.
En el ámbito arbitral nacional, los procesos con el Estado como convocado aumentaron de 34 a 49, con pretensiones que ascienden a $5,5 billones. En controversias internacionales de inversión permanecen activos 16 arbitrajes, cuyas pretensiones alcanzan los $59,9 billones.
Este balance reafirma la importancia que el Gobierno nacional ha dado a una defensa jurídica con enfoque preventivo, técnico y estratégico, que no solo responda a las demandas, sino que anticipe riesgos y proteja los recursos públicos.
