Desde Doha (Qatar), representantes del Gobierno nacional y el autodenominado ‘Ejército Gaitanista’ emitieron una declaración en la que anuncian el inicio formal del proceso de desmovilización de este grupo y la construcción de paz con el pueblo en los territorios.
Los grupos de trabajo para el Espacio de Conversación Sociojurídico definieron los municipios de Mutatá (Antioquia) y Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó) como el área donde adelantarán las acciones piloto en busca de la consolidación de confianza.
Al comprometerse a respetar los derechos de niños, niñas y adolescentes, el grupo armado se comprometió a realizar un censo interno y, en caso de que haya menores de edad en sus filas, entregarlos al ICBF para el restablecimiento de sus derechos.
También se acordó implementar un programa piloto hacia la sustitución de cultivos ilícitos en los cinco municipios, fortalecer los derechos de personas migrantes y analizar medidas ambientales frente a protección de cuencas, explotación de madera, fauna, minería y expansión de la frontera agrícola.
“En los cinco municipios el Gobierno Nacional, a través del ministerio de Justicia y del Derecho desplegará, en coordinación con el poder judicial y las autoridades administrativas competentes, una presencia permanente”, adaptada a las características de cada territorio, indica la declaración.
El documento también incluye aspectos relacionados con la definición de un Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana y otros sobre participación comunitaria y de autoridades locales, regionales y étnicas, así como del citado grupo armado.
De otro lado, en su declaración el ‘Ejército Gaitanista’ reafirmó el compromiso de no interferir en el desarrollo de las elecciones, ni el trabajo del Estado en beneficio de la población civil y las labores de desminado.
El Gobierno y el grupo armado solicitarán a la Fiscalía General de la Nación crear un mecanismo especial sobre violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El ‘Ejército Gaitanista’ rechazó ser caracterizado como grupo paramilitar o neo-paramilitar y reiteró que su clasificación jurídica se debe determinar de conformidad con el derecho internacional y colombiano y los mecanismos de justicia transicional.
Además, se convino solicitar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acompañar este proceso.
Los grupos de trabajo agradecieron y destacaron el aporte del Estado de Qatar al proceso y anunciaron que se establecerán nuevas fechas para proseguir las conversaciones en este país.
