El déficit de carros blindados obliga al Gobierno a buscar apoyo en el Ejército y naciones vecinas para garantizar la seguridad política.
La escasez de vehículos blindados se ha convertido en un motivo de seria preocupación para el Gobierno, justo cuando se intensifica la contienda electoral. La alerta fue emitida por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que enfrenta serias dificultades para responder a la creciente demanda de esquemas de seguridad solicitados por precandidatos presidenciales y aspirantes al Congreso.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó que la reciente licitación para adquirir vehículos resultó fallida. Según explicó, solo un oferente se presentó para la línea de automóviles blindados, mientras que los cuatro grupos destinados a vehículos convencionales quedaron desiertos.
Actualmente, la entidad dispone de 82 vehículos blindados y 33 convencionales para cubrir la protección de quienes participarán en el proceso electoral. No obstante, la cifra resulta insuficiente frente a lo que Rodríguez describió como una “avalancha de solicitudes”, proveniente de diferentes campañas políticas, lo que ha generado un déficit crítico de recursos logísticos.
“La situación es preocupante. Vehículos no hay disponibles”, admitió el funcionario, al subrayar la dificultad de cubrir las necesidades de protección con el parque automotor actual. Frente a este panorama, el Gobierno anunció la apertura de una nueva licitación, al tiempo que adelanta gestiones con el Ejército Nacional para utilizar parte de su flota blindada.
Además, se contempla establecer acuerdos de gobierno a gobierno con países vecinos para adquirir vehículos, una medida que permitiría sortear el fracaso del proceso inicial y agilizar la llegada de nuevos automotores al país.
La crisis ha generado inquietud entre sectores políticos y sociales, dado que la seguridad de los candidatos es un pilar fundamental para el desarrollo de un proceso electoral competido y altamente sensible, que exige garantías efectivas para el ejercicio democrático.
La falta de vehículos no solo pone en evidencia las limitaciones logísticas de la UNP, sino también los retos que enfrenta el Estado para proteger a los actores políticos en medio de un contexto de creciente tensión y riesgo.
