Con la conclusión de los alegatos este miércoles 2 de julio, el juzgado entra ahora en la etapa decisiva.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá impuso un plazo definitivo para que se emita la sentencia de primera instancia en el proceso penal que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado por los delitos de fraude procesal y soborno.
A través de un acuerdo fechado el 1 de julio de 2025, el alto tribunal ordenó suspender temporalmente el reparto de nuevos procesos al Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, medida que estará vigente entre el 1 y el 31 de julio, con el fin de que la jueza titular, Sandra Liliana Heredia Aranda, concentre todos sus esfuerzos en este juicio de alta complejidad.
La magistrada tendrá como fecha límite el 7 de agosto para emitir la decisión, luego de culminar el análisis detallado de las más de 90 pruebas testimoniales, documentales y periciales que se practicaron a lo largo del proceso.
La solicitud de suspensión de reparto fue presentada por la misma jueza Heredia el pasado 25 de junio, argumentando que el volumen probatorio, la trascendencia del caso y los riesgos asociados a los términos de prescripción hacían necesario dedicar el despacho de forma exclusiva al caso Uribe.
“Se señalaron nuevas fechas para el juicio oral dentro del proceso (…) seguido en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de fraude procesal y otros”, indicó Heredia en su oficio.
Durante los días 1, 2, 3 y 4 de julio, el juzgado programó audiencias para escuchar los alegatos finales de la defensa, así como las réplicas por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la representación judicial del exsenador Iván Cepeda, quien está acreditado como víctima dentro del proceso.
Con la conclusión de los alegatos este miércoles 2 de julio, el juzgado entra ahora en la etapa decisiva: la deliberación. Según el acuerdo firmado por el presidente del Consejo Seccional, Héctor Enrique Peña Salgado, y proyectado por el magistrado José Eudoro Narváez Viteri, la jueza deberá rendir informes semanales detallando los avances del caso, y mantener comunicación constante con las instancias superiores.
El Consejo justificó la medida como un “último recurso” para garantizar la administración de justicia no solo en este expediente, sino también en el marco de sus obligaciones institucionales.
“Para el análisis exclusivo de las pruebas, con el fin de adoptar la determinación que en derecho corresponda (…) se requiere un estudio riguroso y detallado”, se lee en el documento.
Con el calendario definido y la suspensión del reparto vigente, la expectativa nacional se concentra en la última semana de julio, cuando se conocería el sentido del fallo. La jueza Heredia contará con un máximo de ocho días hábiles posteriores para redactar y notificar la sentencia completa.
El desenlace del caso Uribe, uno de los más relevantes en la historia judicial reciente del país, podría marcar un antes y un después en la relación entre la justicia y la política en Colombia. La atención pública y mediática se mantiene firme, en espera del cumplimiento del ultimátum y del pronunciamiento final del juzgado.
