El abogado Lenin Bustos ha alzado nuevamente la voz en defensa de los derechos de los empresarios casanareños, esta vez ante una problemática que califica como una nueva y grave injusticia: la presunta estafa de más de cinco mil millones de pesos a microempresarios locales por parte de contratistas ligados a Covioriente y el consorcio MMC, conformado por las firmas Micoz, Meyani y Camel.
“Covioriente ha sido el cáncer que le tocó a los casanareños”, afirma Bustos, recordando que por años la comunidad ha luchado para que los contratos de obras públicas, como la doble calzada, beneficien a las empresas de la región. Finalmente, luego de una larga lucha, se logró que pequeñas y medianas empresas de Casanare tuvieran la oportunidad de participar en la ejecución de las obras. Sin embargo, lo que parecía una victoria, hoy se ha convertido en una pesadilla.
Estas empresas locales prestaron sus servicios y entregaron bienes para avanzar en la construcción, confiando en que serían remuneradas oportunamente. Pero no fue así. Hoy, muchas de ellas enfrentan una crisis financiera profunda porque no han recibido el pago por los servicios prestados. La deuda acumulada supera los cinco mil millones de pesos, y la responsabilidad apunta directamente al consorcio MMC, quienes —según Bustos— recibieron recursos para pagar a sus proveedores, pero una parte considerable del dinero “desapareció” sin que se hicieran los pagos correspondientes.
“Covioriente tenía conocimiento de que estas pequeñas empresas estaban ejecutando los trabajos. Sabían que la comunidad estaba aportando su propio patrimonio para cumplir. Y sin embargo, no hicieron nada”, señala el abogado. Lo más alarmante, agrega, es que esta situación no solo implica una afectación directa a los empresarios casanareños, sino que podría haber también una pérdida de recursos públicos y posibles delitos fiscales.
Bustos advierte que podría estar ocurriendo una triangulación de contratos y un uso de documentación aparentemente legal para justificar prácticas que perjudican a las pequeñas empresas. «Vamos a investigar cómo están haciendo firmar documentos a estas empresas para dar una apariencia de legalidad y ocultar lo que, en realidad, podría ser un mecanismo de evasión y corrupción.»
Ante esta grave situación, el abogado anunció el inicio de un proceso de acompañamiento jurídico y ciudadano. «Este es apenas el primer video. Vamos a solicitar el respaldo de la DIAN, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y, por supuesto, de toda la comunidad del departamento de Casanare», afirmó.
Bustos hizo un llamado urgente a la sociedad casanareña para que no se desentienda de este caso: “No podemos dejar solos a los empresarios que, con su esfuerzo y su plata, literalmente construyeron la obra. Hoy los quieren dejar quebrados, y no lo vamos a permitir. O les pagan, o nos van a tener como tigres defendiendo a la gente del departamento.”
Finalmente, dijo que se elaborará una lista de los empresarios afectados y se hará pública. Además, se informará a los medios de comunicación nacionales y se pedirá a la Presidencia de la República que intervenga directamente para esclarecer los hechos. “Queremos saber quién está detrás de esto y por qué están tumbando a los casanareños. Exigimos respuestas y soluciones. Esta lucha, como las anteriores, tampoco la vamos a perder.”
