junio 27, 2025

Tras 25 años, el Estado asume su responsabilidad por asesinato cometido por paramilitares en Apartadó.

El Estado colombiano reconoció oficialmente su responsabilidad por el asesinato de María del Consuelo Ibargüen Rengifo, ocurrido el 21 de febrero del año 2000 en el municipio de Apartadó, Antioquia. 

La mujer fue asesinada por integrantes del grupo paramilitar autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que irrumpieron en la vivienda de su madre, Elaine Rengifo Moreno, y la atacaron frente a sus cuatro hijas menores de edad.

El crimen, ocurrido en un contexto de violencia sistemática en la región de Urabá, provocó el desplazamiento forzado de la familia y dejó secuelas profundas en su integridad y proyecto de vida. Un cuarto de siglo después, los hechos siguen en la impunidad.

En cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el reconocimiento fue realizado en un acto privado por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino Cortés.

En nombre del Estado, admitió la violación de derechos fundamentales, entre ellos la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la protección a la familia, los derechos del niño, la libertad de circulación y la protección judicial, conforme al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“El reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado constituye un paso fundamental hacia la reparación integral de las víctimas y reafirma el compromiso del Gobierno colombiano con el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH”, expresó Palomino durante su intervención.

La Agencia también destacó el acompañamiento del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), que ha estado al lado de las víctimas durante más de dos décadas, impulsando acciones legales y visibilizando el caso en instancias nacionales e internacionales.

Aunque este gesto representa un avance en el proceso de reparación, la familia de María del Consuelo Ibargüen insiste en que la justicia sigue pendiente: los responsables materiales e intelectuales del crimen no han sido sancionados, y los efectos del desplazamiento y el trauma persisten en sus vidas.

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