En una alocución este viernes, el presidente Gustavo Petro afirmó que su gobierno ha sido el primero en frenar prácticas históricas que permitieron que armas legales, amparadas por el Estado, terminaran en manos de organizaciones criminales.
“El único gobierno que ha descubierto que se ha usado la Superintendencia de Vigilancia para armar criminales es el mío», dijo.
El mandatario recordó que, como parlamentario, denunció el rol de las convivir en la génesis del paramilitarismo. “La Superintendencia de Vigilancia entregó 20 mil armas a las convivir y no se recuperó ninguna. Pasaron a ser las armas oficiales del paramilitarismo», señaló.
Ante nuevos indicios, ordenó revisar todas las licencias expedidas desde 1993. “En mi gobierno, bajo la sospecha del manejo irregular de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada desde su creación, ordené una revisión detallada de las licencias expedidas desde 1993″.
La superintendente en ese momento, Yenniffer Parra, encontró que se habían otorgado 2.019 desde 1993. Solo entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Iván Duque, se realizaron 1.100 trámites para crear empresas de vigilancia y entregar armas.
“A esto le voy a llamar la reparamilitarización en el gobierno Duque», afirmó.
El mandatario señaló fallas estructurales en el sistema de información de la entidad. “Había un software malísimo, premeditadamente no se utilizaron sistemas modernos para que no se pudiera encontrar la información precisa de armas y empresas», dijo.
De las 1.351 empresas identificadas, 810 corresponden a empresas de vigilancia, 435 a departamentos de seguridad, 94 a escuelas de capacitación y 12 a transportadoras de valores.
Más de 62.000 armas sin control
Uno de los hallazgos más delicados fue el de 197 empresas inactivas que reportan 62.664 armas cuya ubicación se desconoce.
“Respecto de esas armas no existe certeza sobre su utilización ni sobre su ubicación actual. No las devolvieron. A los gobiernos anteriores no les interesó esclarecer esto», afirmó.
Al contrastar la información con la Dijín, se identificaron armas cuyos números de serie coinciden con incautaciones relacionadas con homicidio, extorsión y porte ilegal.
“Armas legales están en manos del crimen a través de empresas de seguridad privada que aparecen inactivas», enfatizó.
El presidente también reportó acciones judiciales derivadas de estos hallazgos. “Fueron capturados los representantes legales de tres empresas de vigilancia —Zara Ltda., Securbel Ltda. Y Pretoria Ltda.— porque usaban las empresas como fachadas para entregar carnés a miembros de organizaciones criminales», sostuvo.
Entre los beneficiarios estaban alias ‘Terror’, del clan del golfo, y alias ‘Pichi Belén’, de la oficina.
En uno de esos casos, se decretó extinción de dominio y los bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras la Superintendencia de Vigilancia se constituyó como víctima dentro del proceso penal.
Asimismo, se realizaron operativos en Barranquilla a cinco empresas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales, con operaciones que incluían 696 hombres, 21 vehículos y 483 armas. En Bogotá, la entidad suspendió cuatro licencias relacionadas con posibles esquemas de lavado de activos.
‘Quieren destruir este gobierno’
El mandatario aseguró que las investigaciones afectan intereses políticos y económicos.
“A algunos sectores no les interesa que esto se conozca. Están detrás de la idea de hacer aparecer que este gobierno… es el que está promoviendo este tipo de infiltración dentro del Estado», dijo.
También respondió a insinuaciones de que su administración estaría penetrada por estructuras de la guerrilla desmovilizada.
“La Farc dejó de existir con Santos. Lo que hay son grupos narcotraficantes armados», afirmó.
El presidente cerró su intervención defendiendo su trayectoria contra el narcotráfico:
“He tenido una lucha frontal, a riesgo de mi propia vida y de mi familia, contra los narcotraficantes por tomarse el Estado», con concluyó.
