Hugo García, director de la Federación Gallística, alerta que supuestos proyectos en el Congreso podrían dejar sin empleo a miles de familias al prohibir las peleas de gallos en Colombia.
García explicó que la principal inquietud del sector radica en las implicaciones económicas y sociales que estas iniciativas tendrían para las aproximadamente 290.000 familias que dependen de la actividad gallística en Colombia.
Según el director, el proyecto de ley más controvertido es el presentado por la senadora Esmeralda Hernández, que propone penas de cárcel de 48 a 84 meses y multas de 10 a 100 salarios mínimos para quienes practiquen las peleas de gallos. García subrayó que el problema no es solo la prohibición de las peleas, sino también el impacto en las personas que trabajan en la cría, el entrenamiento y el cuidado de los gallos. «Hay mucha gente que depende de esto. Van a quedar sin empleo y esa fue la principal causa de nuestra manifestación, que no los tienen en cuenta en los proyectos prohibicionistas», afirmó García.
Sin embargo, durante la entrevista surgió una confusión respecto a la vigencia de estos proyectos. Según García, el proyecto de Hernández sigue activo, pero la senadora negó tal afirmación, indicando que sus propuestas anteriores fueron archivadas. Ante la contradicción, García insistió en que existen proyectos en trámite que afectan indirectamente la actividad gallística, modificando leyes relacionadas con el maltrato animal y las excepciones para prácticas culturales. «Si se aprueba, inmediatamente estamos prohibidos», expresó García, refiriéndose a las modificaciones en el Código Penal y la Ley 84 de 1989.
El director también destacó el proyecto de ley 122 de 2023, liderado por la senadora Ana Monsalve, que busca regular las tradiciones culturales en Colombia y cumplir con el mandato de la Corte Constitucional para «morigerar el dolor animal». Según García, la iniciativa incluye la reducción del tiempo de las peleas a ocho minutos, el uso de espuelas más pequeñas y la implementación de enfermerías para atender a los gallos. «Hemos tratado al máximo de reducir el dolor de los animales para que esto siga», aseguró.
García hizo un llamado a considerar el impacto social y económico de cualquier prohibición, cuestionando si el Estado está preparado para ofrecer soluciones a las familias afectadas y proteger la especie de gallos finos que, según él, podría desaparecer si la actividad se prohíbe.
Hasta el momento falta confirmar si hay proyectos en pie en el Congreso que generen regulaciones o prohibiciones en torno a las peleas de gallos en el país.
