En el marco del Día de la Acción por un Aborto Legal y Seguro, la entidad resaltó la importancia de la implementación de la Sentencia C-055 de 2022.
Este miércoles 28 de septiembre, en el marco del Día de la Acción por un Aborto Legal y Seguro, las calles se llenaron de pañuelos verdes celebrando los siete meses del fallo histórico de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. Profamilia, por su parte, entregó una serie de datos sobre el acceso a este derecho desde el 21 de febrero hasta la fecha.
“La organización observó, a través de su IPS, un aumento del 18 % en el número de procedimientos legales y seguros”, señaló Profamilia en un comunicado. Eso significa que hay menos mujeres que deciden acceder al aborto de manera clandestina, evitando así poner sus vidas en riesgo.
La entidad también destacó que “el 94 % de los abortos se realizan en las primeras semanas de gestación”. Esa información va de la mano con la entregada ―después de los primeros 100 días de la Sentencia C-055 de 2022― por la Fundación Oriéntame: “el 93 % de las mujeres que acude a los servicios logra el aborto durante las primeras 12 semanas”.
Al respecto, Profamilia sostuvo que el fallo le permite a las mujeres acceder de manera más oportuna al procedimiento y “evitar el aumento de su edad gestacional”.
La directora ejecutiva de Profamilia, Marta Royo, destacó que la marcha del 28S este año es diferente en el país. “El mundo mira a Colombia como un referente progresista que reconoce la autonomía reproductiva como un derecho”, manifestó la líder de la entidad. También aseguró que la celebración es del “movimiento social de mujeres y el de los profesionales de salud sobre los que también recae el estigma”.
Seguido a ello, resaltó la importancia de la implementación de la sentencia. “Debemos fortalecer los procesos continuos de Educación Integral en Sexualidad, la reducción de las violencias, el acceso a métodos anticonceptivos y a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad”, puntualizó Royo.
Por otro lado, Ana Cristina González, vocera de Causa Justa ―el movimiento feminista que impulsó la demanda para la despenalización del aborto―, hizo un llamado al Congreso de la República y al Gobierno nacional: “Las reglas y los límites ya están fijados por la Corte, queda ahora formular una política integral que permita abordar el aborto en el marco de una gama más amplia de servicios”.
Esa política integral incluiría una educación sexual integral, la garantía de anticoncepción y la asesoría posaborto. “En todo caso, una ley puede incrementar la seguridad y la implementación del fallo de la Corte”, agregó en una entrevista con el diario El Tiempo.
La organización feminista Jacarandas reportó que en Colombia aún existen “profundas fallas en el sistema de salud y la obstrucción de los servicios en hospitales públicos y privados” para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Según el colectivo, hay centros de salud que están desconociendo el fallo: niegan el acceso al aborto o por urgencias, lo realizan solo por las tres causales que aplicaron desde 2006, remiten a especialistas para dilatar los procedimientos, hacen legrados ―consideradas torturas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)― o solicitan requisitos adicionales no necesarios a niñas y adolescentes.
Jacarandas le pidió al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) y a las Secretarías de Salud adoptar medidas de vigilancia y control a los centros de salud para que se garantice el acceso a este derecho en Colombia.
