El anuncio del visto bueno del Gobierno a un acuerdo entre Fedearroz e Induarroz cayó muy mal entre los promotores del paro que creen que le están haciendo ‘conejo’ a lo que les prometieron para levantar las movilizaciones.
Siguen las divisiones en el sector arroz y los promotores del paro están ambientando nuevas movilizaciones en medio de lo que consideran es una «evasión» de los acuerdos del paro por cuenta de la decisión del gobierno de avalar acuerdos entre la industria y el gremio de los productores.
La Superintendencia de Industria y Comercio acaba de avalar la firma de un acuerdo para establecer precios mínimos de compra del arroz que fue negociado entre la Cámara Induarroz de la Andi y Fedearroz.
«Estamos entonces ante la aplicación de una excepción en materia de libre competencia que busca garantizar la estabilidad económica de un sector que es esencial para nuestra economía y el cual se encuentra dirigido precisamente a brindar garantías a los productores de arroz con el fin de asegurarles un ingreso mínimo por su producción y que les permita mantenerse en el tiempo como base de nuestra seguridad alimentaria», dijo la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque durante un encuentro de socialización en Yopal.
El acuerdo contó también con un concepto previo favorable del Ministerio de Agricultura, que fue determinante para que la SuperIndustria le diera vía libre al acuerdo.
¿Cuál es el problema entonces? Que, según Dignidad Arrocera, el colectivo que promovió el paro, este acuerdo implica precios mínimos que están entre 10% y 16% por debajo de lo acordado durante el paro y por debajo de la resolución que firmó el Ministerio de Agricultura sobre el arroz paddy verde. Según el colectivo, en algunas regiones el precio podría ser inferior al que se ofrecía antes del paro.
«En estas condiciones Dignidad Arrocera, Dignidad Agropecuaria y otras organizaciones que son parte del Comité Nacional de Paro Arrocero, hemos tomado la decisión de promover la realización de reuniones en las regiones para consultar a los arroceros colombianos frente a las acciones a realizar, acudir ante las autoridades respectivas a demandar la nulidad de la Resolución SIC número 65722 de 2025, exigir el cumplimiento de la Resolución 241 del Ministerio de Agricultura y denunciar ante la opinión pública del país la violación e incumplimiento de los acuerdos que permitieron el levantamiento del paro arrocero y la actitud débil e inconsecuente del gobierno nacional, que terminó cediendo ante los intereses y abusos de la gran molinería», señalaron los colectivos en un comunicado.
