Los uniformados llegaron a cobrar hasta 12 millones de pesos en falsos retenes.
Este lunes, 14 de noviembre, se conoció que tres policías estarían realizando retenes para exigirle dinero a personas que estarían implicadas en delitos, con el objetivo de no capturarlos. La Fiscalía seccional Cundinamarca confirmó la operación adelantada por el Gaula de la Policía.
El director de la Fiscalía de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva, confirmó, según El Tiempo, que a través de una operación del Gaula de la Policía lograron identificarlos y judicializarlos a “tres policías que, presuntamente, serían responsables de exigir dinero a personas que estarían implicadas en delitos, con el objetivo de no capturarlos”.
El fiscal Silva reveló que los policías capturados fueron identificados como Jesús Yoleanis Parra Carrillo, Iván Dario Mejía Díaz y Campo Segundo Escobar Jiménez, quienes estaban adscritos a la estación de Policía de Soacha, Cundinamarca.
De acuerdo con la Fiscalía, “los uniformados habrían aprovechado sus cargos para instalar falsos puestos de control donde se cree, capturaban a personas que estarían involucradas en delitos y los retenían hasta que accedían a pagar sumas que oscilaban entre los 5 y 12 millones de pesos”.
Los patrulleros, al parecer, aprovechaban las horas de la noche para realizar los faltos retenes y además contaban con otras personas que “apoyaban falsas versiones que inculpaban a las personas que eran retenidas y de esa manera daban mayor credibilidad a la supuesta judicialización”.
De acuerdo con el mismo medio, el fiscal seccional de Cundinamarca señaló que las denuncias indicaron que “estarían involucrados en, por lo menos, ocho eventos durante los cuales se habrían apropiado de cerca de 50 millones de pesos”.
El pasado 11 de mayo fueron retenidas tres personas, aparentemente, responsables de porte de sustancias alucinógenas. Según la investigación de la Fiscalía, “se estableció que los presuntos implicados habrían recibido cinco millones de pesos por parte de las víctimas”.
Una fiscal seccional le imputó a los funcionarios los delitos de concusión, cohecho propio, concierto para delinquir y secuestro extorsivo. Un juez con función de control de garantías los envió a la cárcel mientras se adelanta el proceso.
