La funcionaria indicó que la medida “logra razonablemente motivar a los ciudadanos a no lesionar la majestad de la justicia”.
Mediante un comunicado la Procuraduría General de la Nación en cabeza de Margarita Cabello, indicó que en caso de haber falta respeto a un juez durante una audiencia o que se impida u obstaculice la realización de una diligencia se aplicará medida de detención carcelaria de acuerdo a las jurisdicciones penal y civil.
La Procuradora resaltó que las normas señaladas están registradas en el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012, art. 44) y en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, art. 143) y que la detención carcelaria “respetan las exigencias de los principios de tipicidad y proporcionalidad”.
También resaltó la pertinencia de las medidas ya que “se logra razonablemente motivar a los ciudadanos a no lesionar la majestad de la justicia y facilitar el correcto desarrollo de las causas jurisdiccionales … resulta necesaria, porque no existe una medida igual de eficaz para lograr la finalidad perseguida y menos lesiva para los derechos fundamentales”, mencionó la Procuradora Cabello.
Enfatizó que durante el proceso para imponer la sanción se incluirá testimonios del implicado que indiquen la razón que lo llevó cometer la acción, hecho que “restringe la arbitrariedad y el autoritarismo del funcionario judicial, cuya decisión en todo caso está sometida a diversos controles”.
Mientras en el Código de Procedimiento Penal la sanción contempla un máximo de 30 días de prisión en el Código General del Proceso la sanción de arresto va hasta por 15 días.
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia condenar a la excongresista Aída Merlano por violar los límites de gastos en su campaña al Senado para 2018-2022. El Ministerio Público también solicitó que la exsenadora sea extraditada a Colombia desde Venezuela, toda vez que se ha verificado que se encuentra en ese país y se cumplen los requisitos legales para realizar el requerimiento.
La decisión la tomó la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal. En la audiencia pública, la Procuraduría señaló a Merlano de haber recibido 8.300 millones de pesos adicionales durante su campaña legislativa, por lo que superaría el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral de 884 millones de pesos.
En el documento, el Ministerio Público afirmó que ese monto consignado “afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática”. La cantidad habría desbalanceado injustificadamente la contienda electoral, “haciendo que tanto aspirantes como electores vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”, agregó.
Con ese argumento, el órgano de control solicitó condenar a la excongresista por el delito ya mencionado. En caso de ser imputada, afrontaría una pena de cuatro a ocho años en prisión, y que esta “se dicte bajo una circunstancia de mayor punibilidad”.
