Según el vocero de esa empresa, esta situación tiene afectada casi la mitad de su red en seis departamentos. La Defensoría del Pueblo pidió “medidas contundentes” ante estos hechos.
El panfleto es de miedo. “Cordial saludo de parte de E.G.C (Ejército Gaitanista de Colombia). El que permanezca en su sitio de trabajo o se encuentre abierto al ver esta nota, que se atenga a la consecuencia”, dice uno que fue dejado este domingo en Barranquilla, capital del Atlántico, en un punto de Supergiros. Está escrito en un pliego de cartulina ordinario con marcador. Y finaliza con el mensaje escrito en mayúscula, que dice “para todos los trabajadores” y remata con el condicionante “se abrirá hasta llegar a un acuerdo”.
Este fue uno de varios hostigamientos que sufrió esta empresa en más de 3.000 puntos por parte del Ejército Gaitanista de Colombia, más conocido como Clan del Golfo: estructura ilegal con la que el Gobierno de Gustavo Petro adelanta conversaciones en medio de la política de “paz total” con grupos armados.
Según dio a conocer Supergiros, después del asesinato de Fernanda Mozo, una colocadora en Bosconia el pasado 4 de noviembre, la red de servicios ha sido blanco de una ofensiva de ese grupo armado, que ordenó con amenazas el cierre de los puntos de su red multiservicios en los departamentos de Atlántico, Bolivar, Sucre, César, Magdalena y Guajira.
Así han sido los hostigamientos
Las acciones armadas contra Supergiros no solo han sido en Barranquilla —en donde una mujer fue atacada con arma de fuego mientras estaba trabajando en la caja—, sino en zonas rurales más dispersas. Como en el Carmen de Bolívar, en donde sujetos armados incursionaron contra puntos de la red de servicios e hicieron seis disparos para obligar al cierre de varios locales comerciales.
Mientras tanto, en otros municipios de la región sujetos que se identifican como miembros del Clan del Golfo, que desde agosto de este año ingresaron a las mesas de diálogos del Estado, ordenaron el cierre de los locales con intimidación y amenazas.
Cálculos de esa compañía estiman que son más de 3.000 los locales en esas zonas las que tuvieron que cerrar sus puertas ante la falta de garantías para operar. En esos puntos de la red se prestan servicios de envío y recibo de giros, recargas, de pago de servicios públicos, de corresponsal bancario, de reclamo de subsidios del Estado (como Adulto Mayor, Familias en Acción y devolución del IVA) y de reclamo de pago de nóminas.
“Llegan en grupos de dos o tres y dan la orden de cierre dejando ver armas de fuego”, cuentan las colaboradoras afectadas y testigos, que se ven constreñidas a dejar sus puestos de trabajo y cerrar.
El vocero nacional de Supergiros, Jhony Mena, aseguró que esta problemática se ha venido presentando hace un mes y medio y que tuvo su punto más grave “hace 20 días cuando asesinaron a una joven de 19 años en Bosconia, Cesar”. Y “el tema se apaciguó, pero se reactivó hace 10 días con una intensidad bastante preocupante”, añadió.
Si bien es enfático en que la Policía y el Ejército le han brindado todo el apoyo que pueden, la realidad es que “tenemos más de 55 mil colocadoras independientes y 30 mil puntos de atención, pero hay zonas periféricas de Colombia que por más apoyo que tengamos no se puede brindar seguridad a cada uno”. Por eso, insistió en que han preferido cerrar los puntos de servicios puestos bajo amenaza por el “riesgo latente en que quedan nuestras colocadoras”, haciendo referencia a las mujeres que trabajan allí.
Por otro lado, Mena, conocido también como “el doctor Batalla”, expresó que en zonas donde hace presencia el Clan del Golfo han tenido que pausar su operación. Según él, son las que están ubicadas en Sucre, como el Golfo de Morrosquillo (en donde la red está paralizada y dejó sin actividad a miles de personas que dependen de su funcionamiento) y La Mojana; así como en Bolívar, en el sur del departamento y ciertos barrios periféricos de Cartagena; Atlántico y Magdalena.
“Donde son fuertes preferimos no correr el riesgo porque es notable la intención de atentar contra las colocadoras independientes. No es tanto la presión contra nosotros, sino contra ellas, que son mujeres cabeza de familia y que se están viendo afectadas en su proyecto de vida digna por esta situación”, indicó.
El pedido de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo se pronunció en su cuenta de X (antiguo Twitter) sobre esta problemática y rechazó las acciones armadas que afectan, en la mayorías de casos, a las mujeres. “Es urgente tomar medidas contundentes para frenar este accionar. Estos hechos no solo afectan a las víctimas directas, sino a comunidades enteras”, expresó.
Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, agregó que las amenazas del Clan del Golfo también se extienden a los Montes de María y recordó que Supergiros “hace pagos de rentas ciudadanas del Gobierno a población vulnerable y cuya mayoría de trabajadoras son mujeres”. También advirtió que “si no abren mañana y no se hacen estos pagos, muchas personas adultas no accederán al subsidio. En ocasiones es el único ingreso con el que cuentan las personas beneficiarias”.
