- Entre 2012 y 2023 la nación ejecutó a precios constantes de 2024 recursos para esta Ley por $218,5 billones. El 58% ($125,9 billones) correspondieron a recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- para Educación y Régimen Subsidiado de Salud -RSS- los cuales se destinan de forma general a toda la población, y no cuentan con un enfoque específico para víctimas.
- En relación con la Política Pública de Víctimas, la Contraloría General de la República está adelantando 40 procesos de responsabilidad fiscal y 7 indagaciones preliminares, entre otras actuaciones, por valor de $43.681 millones.
- El organismo de control pide a las entidades del sistema de atención y reparación integral a víctimas mejorar la articulación interinstitucional, con el fin de garantizar la efectividad en la inversión de los recursos disponibles.
La Contraloría General de la República pidió un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno nacional para ejecutar las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
El ente de control ha insistido sobre la insuficiencia de recursos y medidas para la atención de los universos de personas pendientes de atención en las diferentes medidas requeridas por la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2078 de 2021.
Es así como, entre los años 2012 y 2023, la Nación ejecutó a precios constantes de 2024 recursos por $218,5 billones de pesos. Para la vigencia 2024, se programaron $21 billones. El valor ejecutado en términos reales sin incluir SGP ni RSS, es decir, lo dirigido a las medidas de asistencia, atención y reparación fue de $92,6 billones (42% del total), recursos base del análisis que realizó este organismo de control.
En este marco, la Contraloría General realizó un ejercicio de costeo de los recursos requeridos para la implementación de la Ley 1448 y su prórroga hasta 2031, concluyendo que entre 2024 y 2031 se necesitarían alrededor de $303,9 billones de pesos constantes de 2024. Esto requeriría, recursos anuales por $37,9 Billones.
En el costeo se determinó que el 85% de los recursos requeridos se asocian a las siguientes medidas:
• Vivienda Urbana y Rural con $118 billones.
• Indemnización individual y colectiva con $83,6 billones.
• Generación de ingresos con $36,8 billones.
• Subsistencia mínima con $12,9 billones.
• Educación superior con $7,1 billones.
En materia de vivienda, llama la atención que más del 77% de las víctimas presentan déficit habitacional, es decir, que requieren nuevas viviendas, mejoramiento o ampliación. Así mismo, ha decrecido su participación en los subsidios de vivienda asignados pasando 73,4% en 2013 a 11,9% en 2023.
La Contralora Delegada para el Posconflicto, Luz Amparo Echeverry, expuso estos temas en la presentación del Undécimo informe de monitoreo y seguimiento a la Ley de Víctimas, elaborado conjuntamente por la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los Representantes de la Población Víctima.
Desde la Contraloría General de la República se aportó para la elaboración de este informe un total de seis capítulos, exactamente los relacionados con los temas de Presupuesto y Financiamiento de la Ley, Vivienda Urbana y Rural, Educación Superior, Generación de Ingresos y Coordinación Nación-Territorio, y el Capítulo Fiscal.
Otras observaciones de la Contraloría General
Considera también la Contraloría que se requiere mejorar la calidad de los datos en los sistemas de información y registros integrados. Si bien se cuenta con varias plataformas de información de registro de la atención a población víctima, como Vivanto, RUSICST, E-Signa y FUT Víctimas, entre otros.
Es necesario avanzar con la integración y simplificación de estos sistemas porque su multiplicidad genera falta de capacidad de los entes territoriales para diligenciar información, sumado a las deficiencias de personal asignado para la ejecución de la política y, en algunos casos, las dificultades de conectividad.
Una debilidad identificada en materia de coordinación Nación-Territorio se relaciona con la demora en la expedición de la modificación de la estrategia de corresponsabilidad previamente establecida en el Decreto 2460 de 2015, proceso que lleva más de tres años sin avances concretos.
Resultados de auditorías y procesos de responsabilidad fiscal
Cabe anotar que, desde 2012 hasta el primer semestre de 2024, la Contraloría General de la República ha realizado 56 auditorías entre financieras y de cumplimiento, 54 actuaciones especiales de fiscalización y 411 ejercicios de Seguimiento Territorial relacionados con la Política Pública de Víctimas.
El posible detrimento patrimonial detectado en los ejercicios de 2023 fue de $25.718 millones de pesos. En el primer semestre de 2024 se destaca un informe de auditoría a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas -UARIV, en el cual se constituyeron 16 hallazgos, 4 de ellos con alcance fiscal por $2.012 millones de pesos.
De otra parte, en relación con la Política Pública de Víctimas, se están desarrollando a la fecha, 40 procesos de responsabilidad fiscal y 7 indagaciones preliminares, entre otras actuaciones, por valor de $43.681 millones.
La Contraloría Delegada para el Posconflicto está adelantando con cuatro (4) Delegadas Sectoriales una Auditoría Intersectorial sobre Generación de Ingresos y Empleabilidad para población víctima analizado recursos por valor de $ 817.9 miles de millones entre las vigencias 2021 a 2023.
Adicionalmente, la Contraloría llevará a cabo seguimientos en entidades territoriales con situación humanitaria crítica, que cuentan con disponibilidad de recursos y presentan bajos niveles de gestión para la Política Pública de Víctimas.
De otra parte, se está preparando una Función de Advertencia para las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV) sobre la creación de una Política Pública de Generación de Ingresos para población víctima (Auto 373 de 2016).
“Desde la Contraloría General de la República continuaremos con la labor de seguimiento y control fiscal sobre los recursos destinados a la política pública de víctimas, propendiendo porque éstos cumplan con su finalidad e impacto en pro de la mejora de las condiciones y estabilización socioeconómica de la población víctima”, subrayó la Contralora Delegada para el Posconflicto, Luz Amparo Echeverry.
