Carlos Camargo insistió en la necesidad de usar los recursos disponibles para convertir a los establecimientos penitenciarios en centros para la resocialización.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, propuso este lunes penas alternativas al encarcelamiento y medidas restaurativas ante la crisis penitenciaria y carcelaria del país.
“Ante las dimensiones de la crisis penitenciaria y carcelaria del país, es hora de concebir penas alternativas al encarcelamiento que puedan beneficiar a la sociedad, brinden una oportunidad al infractor de retribuir el daño causado y de esa manera eviten su reincidencia”, aseguró Camargo al instalar el foro “Perspectivas sobre la Crisis Penitenciaria y Carcelaria: Retos y Soluciones”.
En este sentido, Camargo explicó que un ejemplo de su propuesta pueden ser las penas relacionadas con trabajo comunitario. “Que permita cambiar el paradigma vengativo de la cárcel por uno basado en aprovechar las condiciones de las personas, es también virar el rumbo hacia una justicia más útil y provechosa tanto para el infractor como para la sociedad misma”, dijo el defensor del Pueblo.
Por otro lado, Camargo explicó que la crisis de hacinamiento de las cárceles se ha pretendido solucionar con la construcción de nuevos centros penitenciarios pero antes de su terminación, estos se quedan cortos ante la demanda generada por nuevas condenas.
Por esto propone una nueva concepción de las penas que vaya de la mano de oportunidades laborales dignas para la población privada de la libertad, la atención a la población pospenada –para asegurar su resocialización de evitar la reincidencia–, y la aplicación de medidas con contenido restaurativo que faciliten la reconstrucción de los lazos rotos a causa del delito.
Bajo este nuevo panorama, Carlos Camargo insistió además en la necesidad de usar los recursos disponibles para convertir a los establecimientos penitenciarios en centros para la resocialización, con condiciones de alimentación, salud, prevención y seguridad adecuadas, dotados con servicios públicos y que garanticen el goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad.
