El Estado Mayor Central, que firmó un acuerdo con el Gobierno para una mesa de paz, creó dos nuevas subestructuras.
En los últimos 12 meses, justo cuando el Gobierno les ha brindado más oportunidades de paz y fomentado las treguas bilaterales, las disidencias de las Farc han creado seis nuevos frentes de guerra, expandiendo sus tentáculos y acciones violentas por nueve departamentos de Colombia.
Esta dinámica parece contradecir los supuestos deseos de paz de esas facciones criminales, cuyas tropas crecen cada mes con la llegada de nuevos reclutas y la captación de mayores rentas ilegales en áreas con cultivos de coca y yacimientos mineros.
En medio de todo esto, el Estado Mayor Central (EMC) y el Gobierno anunciaron este sábado un acuerdo para formalizar una mesa de diálogos en las próximas semanas, que incluirá “protocolos para el respeto a la población civil”.
De acuerdo con fuentes de la Policía, Fiscalía, comunidad y alertas de la Defensoría del Pueblo, entre agosto de 2022 y agosto del 2023, durante el primer año de mandato del presidente Gustavo Petro, el EMC ha estructurado y fortalecido dos frentes nuevos; mientras que la otra disidencia fariana, la Segunda Marquetalia, instauró cuatro.
Estas nuevas subestructuras tienen una particularidad: la mayoría de sus miembros son millenials, tienen menos de 30 años y carecen del contexto ideológico que le dio origen a las guerrillas en la década del sesenta. Su motivación, al decir de algunos analistas, está más ligada a conseguir dinero y concentrar poder, lo que hace más difícil convencerlos de concretar un diálogo de paz.
Tentáculos de “Iván Mordisco”
En Antioquia, el EMC, la facción comandada por Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), tenía dos frentes hasta 2022: el 18, liderado por “Ramiro” y con presencia en el Norte; y el 36, de “Firu”, con redes en el Nordeste.
Ese año el comandante inició una reorganización de sus fuerzas a nivel nacional, constituyendo nuevos bloques.
Uno de los más importantes es el bloque Magdalena Medio, desde el cual coordina a los frentes distribuidos en Norte de Santander, Santander y Antioquia. Esta estructura incluso absorbió algunas células que había en el Estado de Zulia, en Venezuela, y reclutó a personas oriundas de ese país.
Una de las innovaciones de esa reestructuración son las comisiones mixtas, como la de Santa Rita (Ituango), integrada por combatientes de los frentes 18 y 36.
También reconstruyó el frente 4, que hoy delinque en los municipios de El Bagre, Nechí, Zaragoza, Segovia y Cantagallo (sur de Bolívar), y le entregó su mando a “Jhon Fiera”.
Este subgrupo nació de una pequeña comisión del frente 36, que fue enviada a El Bagre para ocupar un vacío territorial que dejó una confrontación bélica entre el Clan del Golfo y “los Caparros”, pescando así en río revuelto.
Su más reciente acción fue el secuestro de cuatro personas en Cantagallo, el pasado 20 de agosto. El cadáver de uno de ellos fue encontrado al día siguiente en Segovia, con señales de tortura. Se llamaba Marcos Jiménez Bohórquez e integraba la Junta de Acción Comunal de la vereda La Poza.
El mismo frente 4 había sido noticia una semana antes, cuando liberó a dos mujeres secuestradas ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, en un paraje del Nordeste. En esa ocasión la tropa irregular estuvo liderada por un cabecilla venezolano, apodado “Brayan” o “el Veneco”.
La reestructuración orquestada por “Iván Mordisco” incluyó la fundación del frente 58, cuyas funciones son las más enigmáticas hasta ahora.
Su estampa apareció en un panfleto distribuido a principios de agosto en Briceño, Antioquia, en el que le imponía a la población un código de conducta “para que se terminen los desórdenes en nuestro municipio”.
La lista enumeraba castigos y multas para los consumidores de drogas, los que parrandeaban hasta el amanecer y los chismosos, entre otros.
Pero la verdadera naturaleza de esta subestructura ilegal no parece estar ligada netamente al control social.
Fuentes judiciales le revelaron a EL COLOMBIANO que, según una investigación preliminar, la tarea del frente 58 es específicamente narcotraficante. “Ellos están en San Pedro de Urabá y Valencia (Córdoba), explotando el estupefaciente que se cultiva y produce en inmediaciones de la represa de Urrá, en Tierralta”, contó uno de los agentes.
Lo extraño es que esta célula narcoinsurgente opera en zonas controladas por el Clan del Golfo, por lo que los investigadores no descartan que le estén pagando alguna clase de “impuesto” a ese grupo.
Las redes “marquetalianas”
La Segunda Marquetalia, comandada desde Venezuela por Luciano Marín (“Iván Márquez”), mantiene una violenta enemistad con el EMC, aunque –al igual que ellos– también está en conversaciones exploratorias de paz con el Gobierno.
En el último año integró cuatro subgrupos a su jerarquía. En Guaviare crearon el frente 1° Armando Ríos Marquetalia Bolivariano, con influencia en San José del Guaviare, Calamar, Miraflores y El Retorno.
En la región del Sumapaz, límites de Meta y Cundinamarca, el frente 53 Édison Romaña; y en Santander, el frente 12, con presencia en los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja.
La adhesión más rara es la de los Comandos de Frontera, en Putumayo. Esta es una facción que combina excombatientes de las Farc, exparamilitares y antiguos miembros de bandas como “la Constru” y “la Mafia Sinaloa”.
Aunque carecen de vocación subversiva y operan como un cartel de narcotráfico, la Segunda Marquetalia los convocó a sus filas para disputarle la región al frente Carolina Ramírez del EMC.
Implicaciones de la expansión
¿A qué se debe que estos grupos sigan creciendo, a pesar de insistir en que buscan una salida negociada al conflicto?
“La desmovilización de las Farc, y el fracaso del Estado para ocupar el espacio que dejaron vacante, creó un vacío criminal, lo que significa que hay espacio para que nuevos grupos ilegales se apoderen de este espacio y de las rentas criminales que contiene. Además, los grupos disidentes ya conocen este territorio, tienen vínculos con las comunidades locales y entienden las oportunidades criminales”, comentó Jeremy McDermott, cofundador de la fundación Insight Crime, que investiga las dinámicas del crimen en América.
Añadió que “es difícil ser optimista sobre las posibilidades de acuerdos de paz. Los procesos de las Auc y las Farc necesitaron dos administraciones. Petro sólo tiene tres años más, y el marco legislativo aún no está listo. Mi temor es que los grupos armados lo saben y van a utilizar las negociaciones para fortalecerse”.
Sobre esta situación consultamos la opinión de las Fuerzas Militares, pero al cierre de la edición no se habían pronunciado.
Erich Saumeth, experto en temas de seguridad y defensa, estimó que en el último año decreció el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, lo que se vio reflejado en una pérdida de control territorial y el crecimiento de cultivos ilícitos. “Estamos en un proceso de ‘paz total’, y estas organizaciones necesitan reflejar mayor poder militar, territorial, económico y político, porque así es más fuerte su posición en una eventual mesa de negociación”, dijo.
A su parecer, “el Estado trata de enfrentar lo menos posible a estos grupos ilegales para facilitar un cese el fuego, pero esto al mismo tiempo perjudica a la población civil. Al parecer, este Gobierno considera que es una etapa que la comunidad debe soportar en búsqueda de un objetivo mayor, que es la paz”.
