Detrás de varios de estos asesinatos está el “plan pistola” del Clan del Golfo contra la fuerza pública por la extradición de su máximo líder, alias Otoniel.
Los fuertes golpes que los distintos gobiernos de Colombia han hecho contra el Clan del Golfo –en especial cuando se dan de baja, capturan o extraditan a sus altos mandos–han sido la motivación principal de este grupo narcotraficante para ejecutar los denominados “plan pistola”.
“En Colombia en lo que va corrido del 2022 han asesinado a 50 policías, de esto en Antioquia han matado a 30, entre el 1 de enero y el 14 de julio. De esos 30 homicidios de uniformados, hemos esclarecido 22 casos, el 73,33%”, explicó en entrevista con EL COLOMBIANO el fiscal general Francisco Barbosa.
El “plan pistola” consiste en pagar a los militantes una recompensa extra por cada integrante de la fuerza pública asesinado. Esto lo hacen bajo la directriz de los cabecillas del grupo armado organizado, liderado actualmente por “Chiquito Malo”, “Gonzalito” y “Siopas”, por quienes la Policía ofrece una recompensa de hasta $5.000 millones.
Sin embargo, el plan que se viene realizando en las últimas semanas tiene otra razón: ser prioridad en la agenda de paz del gobierno entrante, encabezado por Gustavo Petro, quien ha manifestado su disposición para llegar a acuerdos con el Eln.
Según la Policía, 61 miembros de la institución han sido asesinados desde que comenzó el 2022, 35 de ellos en actos del servicio.
El segundo en menos de un año
El “plan pistola” es asumido por las también nombradas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como un mecanismo de retaliación. Por eso, no podía pasar desapercibida la captura de su máximo cabecilla, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el 23 de octubre del 2021.
En una operación denominada “Osiris” –una labor conjunta entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía– “Otoniel” fue encontrado en Necoclí (Antioquia); “el golpe más duro que se le ha propinado al narcotráfico en este siglo en nuestro país”, según aseguró entonces el presidente de Colombia, Iván Duque.
La misma amenaza se dio luego de que este cabecilla fuera extraditado a Estados Unidos –el 4 de mayo de este año–, pero las acciones violentas se dieron principalmente contra la población civil en un paro armado en el que se dieron al menos 24 homicidios –según la JEP–, además de la incineración de cerca de 200 vehículos para bloquear carreteras.
“Vamos a continuar, hasta el último minuto de este Gobierno, con la idea de capturar y judicializar a los responsables de estos abominables crímenes y que paguen con la máximo condena, hasta 60 años de prisión por ataque a servidor público”, dijo en días recientes el ministro de Defensa, Diego Molano, que destacó que en los últimos cuatro años “443 héroes han perdido sus vidas y 3.372 han resultado heridos en el cumplimiento de su deber”.
