Gremios de las EPS dicen que la plata no les está alcanzando para garantizar la atención de los afiliados.
Parece haber una tregua entre el Ministerio de Salud y los representantes de tres entidades promotoras de salud (EPS) para atender la crisis financiera que estas dicen padecer –así como las agremiadas de los regímenes contributivo y subsidiado– y que pondría en riesgo la atención en salud de 13 millones de personas a la vuelta de seis semanas.
Esa advertencia de las EPS Sura, Sanitas y Compensar que anunciaba que después de septiembre no podrían avanzar en su operación fue pordebajeada por el presidente Gustavo Petro y por su ministro Guillermo Jaramillo, con quien este miércoles se reunieron los presidentes de esas aseguradoras.
Al término del encuentro, el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, dijo que iniciarán mesas técnicas con el gobierno para definir la manera en la que se pagan servicios de alto costo que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y el cambio de metodología para calcular la unidad de pago por capitación (recursos que les dan a las EPS para atender a sus afiliados).
“Celebramos que hubo esa apertura al diálogo, que fue amplio con el ministro, el viceministro y el director de la Adres; así que los pasos que siguen son un trabajo que creemos que tiene que rendir unos frutos para que salgamos de esta situación. Hay la intención de buscar soluciones que eviten que a futuro se presenten dificultades”, expresó Rueda.
El problema radica en lo que lo hace la mayoría de problemas de la administración pública y de la vida en general: la plata. Y es que las EPS llevan casi un año advirtiendo que existe un riesgo de caer en una crisis financiera que pondría en jaque al sistema de salud y a toda la población, que son potenciales pacientes.
Para hacer corto el enredo, esta problemática inició desde que en 2021 se incrementaron los porcentajes de medicamentos y de procedimientos cubiertos con el plan de beneficios en salud, que son los servicios a los que tiene derecho un usuario.
Entonces, a más cantidad de servicios por prestar, las EPS necesitan mayores recursos para alcanzar a cubrirlas sin quebrarse en el intento. Y precisamente eso es lo que alegan: que la plata de la UPC no les alcanza y hasta llegan a gastar $102 de cada $100 que les llega por ese concepto.
En ese sentido, el profesor de Economía y experto en salud, Paúl Rodríguez, dice que “la solución es cambiar el cálculo de la UPC para tener en cuenta las carga de la enfermedades, pues su proyección está mal hecha, lo cual genera un hueco muy grande de casi medio billón de pesos”.
En este debate se atraviesa la reforma a la salud. Académicos y críticos señalan que el Gobierno no le para bolas a las advertencias de las EPS para dejarlas morir y así justificar que se necesita la reforma, mientras que el Ministerio de Salud responde que les ha cumplido con el giro de dinero.
“Infortunadamente para el gobierno Petro la única solución ante cualquier reto del sector salud es que su reforma sea aprobada en el Congreso”, asegura el investigador en salud de la Universidad de Harvard, Johnattan García.
