La advertencia salió de una auditoría hecha entre 2021 y 2022. Están comprometidos $9.127 millones.
La Contraloría encontró evidencia de que $9.127 millones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) están en riesgo, luego de una auditoría a la contratación que la entidad ejecutó entre 2021 y 2022 para la atención de la primera infancia.
Según informó el ente de control, el proceso se realizó sobre los recursos invertidos en el programa “Apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional”, así como a la distribución de alimentos de alto valor nutricional, lo cual derivó en varias alertas que deben ser aclaradas.
En total fueron 62 hallazgos administrativos (20 con posible incidencia fiscal de $9.127 millones), 37 con presunta connotación disciplinaria, 8 de carácter penal, 6 con otras incidencias y 8 más para apertura de indagación preliminar.
Por esta razón, el ente de control emitió concepto de “incumplimiento material con reserva y calificación de control interno con deficiencias”.
Palabras más, palabras menos: faltas en los contratos suscritos por el ICBF para la prestación de los servicios de atención a la primera infancia, durante la dirección de Lina Arbeláez al frente de esa institución.
“No encontrados” y “fallecidos” fueron los resultados que los auditores de la Contraloría encontraron en las bases de datos de la Regional del Bienestar en el Chocó de las personas que fueron beneficiarias de los servicios contratados para las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluyendo menores y mayores de edad.
Este fue el hallazgo fiscal de mayor cuantía detectado por la entidad, pues ascendió a $6.611 millones y tuvo una incidencia disciplinaria que será trasladada a la Procuraduría.
or otra parte, en el departamento de Vichada, la Contraloría hizo tres hallazgos por la entrega de raciones a beneficiarios cuyo documento no está en la base de datos del Bienestar Familiar o, incluso, que estarían estar muertos.
Otro hallazgo fiscal relevante, por $1.111 millones, se encontró en la Regional Cauca y está relacionado con ejecuciones en los contratos de aporte de la vigencia 2021 que no fueron reintegrados por los operadores.
Para llegar a estos resultados, la Contraloría evaluó 190 contratos suscritos por el ICBF por más de $1 billón, donde se verificó el cumplimiento normativo en la ejecución de estos recursos, la trazabilidad en la selección de los operadores, el cumplimiento del objeto contractual y lineamientos técnicos, así como la legalidad y correspondencia de los pagos realizados en virtud de dichos contratos.
Si bien estas contrataciones no fueron en la dirección de Concepción Baracaldo, será ella y el actual equipo del ICBF quienes deben poner la lupa en esos posibles detrimentos y aclarar las dudas fiscales.
