En Colombia, según el Registro Único de Víctimas, la desaparición forzada ha cobrado 151.521 víctimas directas y 35.296 indirectas.
El jueves 16 de febrero se conoció que la Justicia Especial para la Paz (JEP) le dio un plazo de 10 días a las Gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca para que cumplan con la orden de dar una protección especial a los cementerios de sus departamentos, en donde podría haber víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
La justicia de paz aseguró que la decisión fue tomada luego de una solicitud enviada por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para proteger los lugares en donde, aparentemente, habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada. La orden está relacionada con 27 cementerios ubicados en estas regiones del país.
En este sentido, la JEP confirmó que junto a la Fiscalía General, se iniciaron las labores de exploración y exhumación de posibles víctimas del conflicto armado que estarían en los cementerios de Jesús María Estrada en Marsella, Risaralda, y El Carmelo, en Salento, Quindío.
Hay que anotar que hasta la fecha, la justicia nacida del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas guerrillas de las Farc, ha avanzado en la exhumación de 553 cuerpos en los departamentos de Quindío y Risaralda. Por su parte, en el cementerio Jesús María Estrada de Marsella, la Fiscalía General ya exhumó cuatro cuerpos de posibles víctimas.
En Quindío, las medidas cautelares se centran en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Finlandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia.
En el caso de Risaralda, cubre los cementerios de Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.
Hay que señalar que en noviembre de 2022 se realizó una audiencia de medidas cautelares en Marsella. La conclusión de la Defensoría del Pueblo, en ese espacio, fue que los esfuerzos por la garantía de derechos de las víctimas de desaparición forzada han sido insuficientes, por lo que se decidió prorrogar las medidas cautelares.
