La Procuraduría anunció que apelará esta decisión dada a conocer este miércoles.
El juez primero penal del circuito de Bogotá acreditó como víctima a Karen Abudinenen medio del escándalo de la pérdida de 70 mil millones en el proyecto de Centros Poblados. este miércoles. Según el funcionario, se afectó de manera intangible el buen nombre y se puso en tela de juicio la honorabilidad de la entonces ministra de las TIC.
El pronunciamiento se conoció en medio de una audiencia en la que se discute si se avala o no el preacuerdo de Jorge Enrique López, el señalado de falsificar las pólizas del millonario contrato con el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación.
Al igual que la exministra, también se reconoce como víctima a la Contraloría General de la Nación, el Fondo Nacional de Garantías, el Banco Itaú, el Ministerio de las TIC, la empresa SesColombia y Asset Management BBVA.
Tras el anuncio del juez, la Procuraduría apeló la decisión, y será el Tribunal Superior de Bogotá el que defina si Abudinen, tiene esa condición.
Cabe recordar que el pasado lunes 10 de octubre, la jueza 59 penal del circuito de Bogotá, consideró que la exministra de las TIC, Karen Abudinen, no es víctima del proceso por el escándalo de corrupción en Centros Poblados.
A pesar de esta decisión, la togada le dio la oportunidad para que, ante el Tribunal Superior de Bogotá, exponga de nuevo sus argumentos y pueda ser aprobada o no su petición.
Desde la Cárcel El Bosque en Barranquilla Emilio Tapia uno de los procesados por el caso de Centros Poblados denunció penalmente a la exministra Karen Abudinen como presunta autora de los delitos de: Interés indebido en la celebración de contratos, Contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, Falsedad en documento público, Fraude procesal y peculado por apropiación.
De acuerdo con la denuncia de Emilio Tapia, la entonces ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones habría incurrido en esos delitos cuando aprobó la garantía bancaria del contrato de Centros Poblados admitiendo la veracidad, autenticidad, legalidad y vigencia de esas garantías sin cumplir, según él, con la obligación de revisarlas.
