La cadena de minimercados señaló que debían parar sus actividades como una medida preventiva.
Como medida preventiva, en la noche del martes, la cadena de minimercados Justo & Bueno cerró sus establecimientos y depósitos de forma preventiva, ya que la compañía china que había adquirido la marca no realizó el giro de los recursos correspondientes para su salvamento económico.
“Nuestra responsabilidad con todos ustedes es informarles que, en vista de que no hubo informe ni pagos a la fecha, vemos inviable nuestra operación. Cerraremos de manera preventiva nuestras tiendas y centros de distribución y priorizaremos la seguridad de todos los miembros del equipo”, señalaron a través de un comunicado.
Se referían a la empresa a JF Capital International Limited, de la cual señalaron que, además, no entregaron los documentos exigidos por las autoridades colombianas para llevar a cabo el rescate financiero.
“Tampoco se recibió el informe requerido por el juez delegado de la Superintendencia de Sociedades donde se explicaría la estructuración del negocio propuesto, el mecanismo, el monto de la operación y un plan de capitalización”, agregaron en el comunicado.
En la misiva indicaron que lamentaban el incumplimiento de la empresa asiática: “Una vez se firmó el contrato de venta en marzo, continuamos trabajando con la convicción de que los fondos pactados para pagar las deudas y cumplir nuestros compromisos con todas las familias vinculadas con Mercadería ingresarían a tiempo”.
Y señalaron que les sorprendía lo ocurrido con esa compañía con la que esperaban que la cadena de minimercados pudiera salir a flote tras los embates de la pandemia.
“No entendemos qué pudo pasar con el anunciado ingreso de los recursos al país. Esperamos que JF Capital, como nuevo propietario de Justo & Bueno, se manifieste públicamente y dé la mejor solución posible para todos en la audiencia citada por la Superintendencia de Sociedades el próximo jueves”, concluyeron en el comunicado.
Cabe recordar que la cadena tenía un ultimátum para responder a los arrendadores, proveedores y empleados con las deudas que tenían con ellos que suman 135.000 millones de pesos. Lo que seguiría es que como lo acordaron, al momento de acogerse a la Ley 560, la cadena entraría en un proceso de liquidación por parte de la Superintendencia de Sociedades, entidad que ya tendría programada fecha para la audiencia, la cual se realizaría el 12 de mayo a las 9 de la mañana.
Esto se debe a que les quedaban dos caminos: uno que era el de ser liquidado finalmente, lo que les permitiría a los proveedores recuperar sus inmuebles, o, dejar que, entrara el capital del fondo chino, que según Caracol Radio es influido por John Gómez, un colombiano que maneja inversiones en Asia y Europa, con las cuales pretenderían solventar las deudas. Pero como se reseñó, lo último no ocurrió.
El agravante del tema son las más de 500 denuncias por incumplimientos en los gastos de administración, donde se contemplan: retrasos en el pago de arriendos, solicitud para restitución de inmuebles, retrasos en pagos de servicios públicos, además de las quejas de los empleados que aseguran retrasos en el pago de las nóminas por más de 3 meses.
A eso se suma, deudas por más de mil millones de pesos por el no aporte a pensiones y cesantías; deudas con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por casi 20 mil millones de pesos; incumplimientos con alcaldías, como la de Bogotá; entre otras.
