John Jairo Torres, conocido popularmente como “JJ”, ha encendido las alertas luego de denunciar públicamente lo que considera una amenaza directa contra su vida.
Según sus declaraciones, el concejal Leonardo Infante habría hecho afirmaciones en redes sociales que recuerdan los oscuros métodos del paramilitarismo de los años 80: “Tenemos el nombre de JJ sobre la mesa y no sabemos qué hacer con él”, habría dicho Infante, generando profunda preocupación no solo en Torres, sino en su familia y en cientos de ciudadanos que lo respaldan.
JJ ha comparado el tono de estas palabras con el accionar de estructuras criminales que operaban en tiempos de Pablo Escobar. “Ni en los tiempos del paramilitarismo me sentí tan amenazado”, afirmó visiblemente consternado. La gravedad de la situación lo llevó a poner el caso en conocimiento de las autoridades y a anunciar que llevará la denuncia hasta instancias internacionales, como el Comité de Derechos Humanos en Nueva York.
Pero, ¿qué hay detrás de esta amenaza? Para Torres, todo apunta a un trasfondo político. El exalcalde ha estado recorriendo veredas y corregimientos de Casanare promoviendo proyectos de adquisición de tierras para familias de bajos recursos, con la consigna de que “nadie pague más arriendo”. Según él, este modelo ha beneficiado a más de 80 mil familias y genera temor entre quienes ostentan el poder político local, al ver amenazados sus intereses.
“Yo no sé si comprar tierras sea un delito, pero lo que estoy haciendo es legal, y lo hago sin pedirle permiso a nadie”, expresó, dejando entrever que se estaría gestando una estrategia para sacarlo del camino, similar a lo que vivió hace una década con el caso de “La Bendición”. JJ señaló que el concejal Infante y otros miembros del Concejo estarían promoviendo la idea de que él está urbanizando ilegalmente para intentar desacreditar su trabajo y revivir antiguos procesos judiciales.
A pesar del temor que confiesa sentir, Torres no detiene su labor. Asegura que continuará asesorando a familias para que accedan a tierras propias, y que su hermana Liliana —aunque aún no tiene aspiraciones políticas— lo acompaña en su trabajo por el departamento. No descarta una futura candidatura ni la posibilidad de que su movimiento tenga incidencia en las próximas elecciones, incluso a nivel nacional.
Lo que más preocupa a JJ es el lenguaje violento con el que asegura ha sido tratado: “No sabemos qué hacer con este tipo”, frase que, en su interpretación, lo pone en una “mesa criminal”. Por ello, ha solicitado protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y no descarta la posibilidad de abandonar Casanare si no se garantizan condiciones de seguridad.
Finalmente, JJ hace un llamado a la opinión pública: “Ese señor ya no se puede tratar como concejal, sino como un bandido, porque con esas palabras está poniendo mi vida en riesgo”. Y cierra con una advertencia: si algo llega a pasarle, las autoridades ya conocen de dónde provienen las amenazas.
