Concepto de la Procuraduría pidió a la Aeronáutica Civil analizar esta situación.
La Procuraduría le pidió a la Aeronáutica Civil evaluar si resulta necesario la suspensión parcial de operaciones en el aeropuerto de Palonegro de Bucaramanga (en determinadas horas diurnas o nocturnas, según estudio técnico) ante la presencia masiva de gallinazos que pueden poner en riesgo la seguridad aérea.
La solicitud del Ministerio Público se da en atención a una acción popular y a los pleitos jurídicos desatados, precisamente, por esta situación y que han llevado al cierre del relleno sanitario El Carrasco, ubicado en los alrededores del aeropuerto y que ha traído la proliferación de estas aves ocasionando incidentes con las aeronaves, por lo que se advierte un posible riesgo en la seguridad aérea.
Y aunque la Aerocivil ha puesto empeño adoptando medidas para mitigar los riesgos, la situación se sigue presentando, razón por la que, en concepto de la Procuradora 158 Judicial II Administrativa, se advierte que en este caso “se encuentra amenazado el derecho a la seguridad y salubridad pública en tanto persisten focos atrayentes para los gallinazos negros (obstáculos para la operación aérea) e incidentes aéreos de impacto”.
En el concepto, el ente de control también alerta por el mal manejo de los residuos sólidos y la proliferación en la zona adyacente a la terminal aérea de mataderos clandestinos y criaderos avícolas y porcícolas que no cuentan con permiso de autoridad para su funcionamiento.
La preocupación aumenta toda vez que el botadero El Carrasco fue habilitado de manera temporal por lo menos hasta el 1 de abril de 2027.
Ante los hechos, la procuradora Eddy Alexandra Villamizar urgió a la Aeronáutica Civil adoptar un plan a corto o largo plazo “en el que se evalúe y determine si es necesario disponer la suspensión parcial de operaciones aéreas en el correspondiente aeropuerto, evitando los vuelos en horas diurnas o nocturnas (según los hábitos de las especies de aves predominantes) y de ser necesario, la suspensión total de operaciones, hasta tanto no se efectúen los correctivos pertinentes; así como también revisión de las medidas actuales con el fin de adoptar otras más eficaces”.
La solicitud del Ministerio Público tiende a que se adopten medidas que minimicen la probabilidad de incidencia de impacto de fauna en aeronaves dada las circunstancias presentadas con los focos de acumulación de basuras, contaminación o actividades que son atrayentes de aves que sobrevuelan el perímetro del Aeropuerto.
Finalmente, este despacho no consideró procedente la reubicación del aeropuerto, que es otra de las peleas jurídicas sobre el tapete, “en tanto no se demostró que existiera esa posibilidad en otro lugar accesible al área metropolitana sin riesgo aviario”.