Se trata de dos suboficiales y seis soldados que habrían abusado sexualmente de una Nukak Maku menor de 15 años. Petro ordenó enviar comisión para investigar.
Una menor de 15 años de la comunidad indígena Nukak Maku habría sido abusada sexualmente, al parecer, por dos suboficiales y seis soldados regulares. La Procuraduría ya les abrió una investigación y espera definir la presunta responsabilidad de los militares en lo ocurrido en septiembre de 2019, en la vereda Charras, del municipio de San José del Guaviare.
El caso ha escalado tanto que hasta el presidente Petro ordenó el envío de una comisión para que atienda las denuncias de violaciones de menores de edad en ese municipio. Además, pidió iniciar todas las investigaciones pertinentes para determinar si hubo impunidad y omisión por parte de funcionarios.
Todo se remonta a una denuncia hecha por el canal Univisión sobre explotación sexual de niños y niñas a cambio de comida y dinero, que además, señalaba a un militar estadounidense de haber violado y embarazado a una menor. Frente a esto, la embajada de Estados Unidos negó la presencia de su Ejército en ese municipio.
Sin embargo, ese fue el detonante para que la Procuraduría le pidiera a seis entidades una serie de informes que dieran cuenta de situaciones similares entre 2019 y 2022.
Gracias a eso, al obtener la información, el Ministerio Público identificó un posible patrón y comenzó a indagar casos relacionados con las Fuerzas Armadas. Por eso, la procuradora Margarita Cabello envió una comisión extraordinaria integrada por las procuradurías Delegadas para Derechos Humanos, Asuntos Étnicos e Infancia, Adolescencia, Mujer y Familia para recaudar todo el material probatorio y hacerle seguimiento a nuevas denuncias.
A la par, el ICBF anunció que ya tenía en terreno un equipo especializado para atender los casos de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes (NNA) de la comunidad Nunak.
“De manera articulada se adelantarán jornadas de búsqueda e identificación de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, consumo de sustancias psicoactivas, alta permanencia en calle, entre otras vulneraciones particularmente en la niñez de las comunidades Nukak y Jiw”, señaló la entidad.
Además, para la directora del ICBF, Concepción Bacaraldo, “es repudiable y doloroso que este tipo de situaciones que afectan y atentan con la vida e integridad de la niñez se presenten”, y agregó que pondrán todo el esfuerzo para detener la violencia sexual.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo también respondió . Según la entidad, solo el año pasado se adelantaron más de 300 acciones para luchar por el restablecimiento de los derechos de NNA.
