Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca registran el mayor número de homicidios contra esta población.
7 líderes sociales asesinados en el primer semestre de 2024, 91 amenazas contra esta población recopiladas por la Procuraduría General de la Nación y una activación de la ruta de protección en 74 ocasiones evidencian la grave situación en materia de Derechos Humanos que enfrenta en el país.
Las alarmantes cifras, recopiladas por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, fueron presentadas por la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello Blanco, durante la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
Los datos muestran que los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Arauca registran el mayor número de homicidios a líderes y lideresas sociales.
Cabello Blanco se refirió a la situación en el norte del Cauca, que refleja un escenario de violencia estructural y sistemática. “Chocó también enfrenta una grave crisis de seguridad, con siete paros armados en lo que va del año, afectando principalmente a las comunidades afrodescendientes e indígenas”, agregó.
La radiografía presentada por la Procuradora pone en evidencia la situación de la población víctima de las acciones de los grupos armados ilegales “que imponen restricciones a la movilidad, generando desplazamientos forzados, confinamientos, violaciones al derecho internacional humanitario y una creciente crisis humanitaria”.
Índice de Prevención de Riesgo al Liderazgo Social IPRA
Durante el acto de conmemoración la Procuradora presentó el Índice de Prevención de Riesgos al Liderazgo Social (IPRA); una herramienta que permite anticipar situaciones de riesgo, advirtiendo posibles afectaciones al liderazgo social y facilitando la adopción de medidas necesarias por parte del Estado.
En 2024 este índice, que también incluye indicadores de percepción de los líderes sociales sobre su seguridad, se calculó en 36 municipios de las regiones del bajo Cauca, Sur de Córdoba, Montes de María y Norte del Cauca.
En materia de prevención, los primeros resultados evidencian que:
- El 16 % de los municipios no cuenta con instrumentos y protocolos de Política Pública formulados (Plan Integral de Prevención, Rutas de protección y Planes de Contingencia).
- El 38 % de los municipios no registra medidas de prevención implementadas.
En cuanto a la protección:
- Más del 50 % de los municipios no han registrado activación de las rutas de protección al liderazgo social.
- El 14 % de los municipios registran más de 10 veces la activación de la ruta de protección al liderazgo social.
- El 47 % de los municipios registra por lo menos una activación de la ruta de protección.
Respecto a las garantías de no repetición:
- El 70 % de los municipios no registra jornadas de no estigmatización al liderazgo social en el territorio.
- Más del 50 % de los municipios no registra acciones simbólicas de protección al liderazgo social.
Acciones para promover, defender y proteger los derechos humanos
Durante 2024, la Procuraduría ha adelantado cerca de 322 actuaciones ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras autoridades.
Durante el primer semestre de este año, se realizaron intervenciones en más de 87 sesiones de siete comités de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas (CERREM), revisando más de 3.000 casos.
En lo disciplinario, por primera vez, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra el secretario de Gobierno y el alcalde de Tierralta, Córdoba, por su presunta responsabilidad en el homicidio de la lideresa social María del Pilar Hurtado. “Este caso se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección de los líderes sociales en Colombia”, destacó Margarita Cabello.
En materia de intervención, y con el fin de contribuir en la lucha contra la impunidad, el Ministerio Público ha constituido cerca de 500 agencias especiales en procesos penales por amenazas y homicidios a líderes sociales.
