El comandante del Ejército es investigado por peculado, luego de estar a cargo de la Quinta Brigada en Bucaramanga entre 2013 y 2014.
El comandante del Ejército de Colombia, el general Eduardo Zapateiro, quien estuvo recientemente en el ojo del huracán por sus opiniones en contra del candidato Gustavo Petro, quien denunció supuestas relaciones de altos oficiales de esa fuerza militar con narcotraficantes, tiene un proceso penal abierto por presuntos hechos de corrupción cuando era el comandante de la Quinta Brigada en Bucaramanga (Santander).
La revista Cambio encontró que la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le lleva un proceso penal, bajo un completo hermetismo, por peculado por apropiación cuando estuvo a cargo de la mencionada brigada entre 2013 y 2014.
Según revelaron en ese medio de comunicación, la investigación comenzó durante la pandemia del nuevo coronavirus, cuando ya se encontraba al mando del Ejército.
El expediente indica que en la época en que el alto oficial estuvo en la Quinta Brigada, tenía entre sus labores supervisar el cumplimiento de una directiva de un servicio para escoltar el material explosivo, que es de tipo reservado por riesgos de seguridad nacional, explicaron en la publicación.
Y aunque para poder manejar el presupuesto para estas funciones hay unos manuales establecidos dentro de la institución militar y están sujetos a las verificaciones de la Contraloría, reseñaron en Cambio, los comandantes en las regiones han llevado a cabo un manejo relajado de los recursos asignados para esa labores de protección del material potencialmente peligroso.
Por lo que en esta investigación se busca establecer si el comandante del Ejército, en su época en Bucaramanga, hizo un manejo poco riguroso del dinero en mención como se señala en un documento, ya que algunas de esas actividades no habrían cumplido con los requisitos administrativos y operacionales.
En el mencionado expediente se señala que dos coroneles en uso del buen retiro, también están implicados en la investigación. Uno de ellos es un actual funcionario de la Contraloría General de la Nación.
En lo que se ha establecido en el proceso que citan en la investigación periodística de Cambio, el dinero no cumplió con los controles establecidos y habría sido desviado para otros usos.
Esto se suma a la solicitud que envió el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción (IIEA) para que a Zapateiro se le inicie un proceso disciplinario por su presunta participación en la contienda presidencial por sus opiniones contra Petro.
El Instituto le solicitó al Ministerio Público que se impongan las sanciones correspondientes ante este tipo de conductas por parte de un miembro de la fuerza pública.
En el documento, firmado por el director del IIEA, Camilo Alberto Enciso, se exponen las pruebas con las que se evidenciaría la falta por parte del funcionario.
Enciso presentó ante el despacho de la procuradora Margarita Cabello, la “queja disciplinaria en los términos de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario- en contra del señor comandante del Ejército de la República de Colombia, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por la flagrante violación a la prohibición constitucional establecida en el artículo 219 de la Constitución Política de Colombia que impone el deber a los miembros de la Fuerza Pública de no participar de la deliberación política nacional, entendiendo que un miembro en servicio activo no puede intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.
En el documento enviado al Ministerio Público, el IIEA aseguró que Zapateiro violó la Ley 996 de 2005 sobre garantías electorales, en el momento en que decidió pronunciarse sobre las declaraciones de un candidato a la Presidencia, en este caso, Gustavo Petro.
Así mismo, se le solicitó a la Procuraduría ejecutar las acciones necesarias para hacer cumplir las recomendaciones expedidas en la Directiva 016 de 2021 dirigida a los servidores públicos “donde se deja expresa instrucción de abstenerse de participar en las controversias políticas, y a la estricta observancia de las normas que enmarcan el proceso electoral colombiano. La prueba de nuestras afirmaciones son los siguientes hechos”.
