El paro nacional arrocero continúa.
Pese a que el Gobierno Nacional presentó un borrador de resolución para fijar el precio del arroz, los productores aseguran que el documento no representa una solución concreta ni garantiza estabilidad para el sector. La incertidumbre reina entre los agricultores, quienes denuncian que durante años han enfrentado una profunda crisis por el bajo precio del grano, el aumento de insumos y la competencia desleal del contrabando.
José Noé, uno de los voceros del paro, explicó que el borrador de resolución —que establece una tarifa de $1.508 por kilo— aún debe pasar por varios filtros jurídicos y técnicos. Sin embargo, la industria no ha manifestado si aceptará o no ese valor. Para los arroceros, levantar el paro en estas condiciones sería desperdiciar el esfuerzo colectivo que los llevó hasta Bogotá: “No sabemos qué represalias pueda tomar la industria, ni si va a recibir el arroz cuando llegue la gran cosecha. Si no hay un precio justo y firmado, seguimos en las vías”, afirmó.
Los productores temen que, sin un acuerdo firme, se repita la tragedia económica que han vivido durante años. Algunos reportan pagos por debajo de los $1.100 por kilo, lo que no cubre ni siquiera los costos de producción, estimados en más de $8 millones por hectárea. Además, denuncian que las grandes superficies como Ara, Éxito y D1 están vendiendo arroces importados a precios por debajo del mercado, lo cual debilita aún más al sector nacional.
Otro punto crítico que los manifestantes resaltan es la entrada ilegal de arroz desde Ecuador y otros países. Aseguran que el Gobierno ha sido permisivo con el contrabando y que no ha activado las salvaguardas comerciales necesarias para proteger la producción nacional. “Desde hace años venimos pidiendo control, y apenas ahora dicen que van a empezar incautaciones en la frontera”, lamentaron.
Durante la reunión con representantes del Gobierno, los arroceros reiteraron que no buscan enfrentarse con la industria molinera, pero sí exigen que se garantice un precio digno que no los lleve a la quiebra. “Nosotros no somos enemigos de nadie, pero tampoco vamos a regalar nuestro trabajo. Producir arroz no es un lujo, es garantizar la seguridad alimentaria del país”, dijo uno de los líderes del movimiento.
Actualmente, Casanare es uno de los departamentos más afectados. El sector arrocero genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, dinamiza el comercio local y representa uno de los pocos motores económicos del departamento. Los productores señalan que incluso emplean a personas mayores, con discapacidades o con bajo nivel educativo, algo que —afirman— ninguna empresa pública ni privada hace en la región.
En medio de las tensiones, los líderes del paro han sido claros: si el próximo viernes el Gobierno y la industria acuerdan un precio justo, y si se establecen compromisos verificables, estarían dispuestos a levantar las manifestaciones. De lo contrario, el paro continuará, y no se descartan bloqueos en vías estratégicas como el puente La Cabuya y otras rutas nacionales.
“Aquí no hay ricos, hay campesinos endeudados, trabajando a pérdida y siendo juzgados por exigir lo justo. El arroz que cultivamos no es coca ni marihuana, es comida para Colombia. No merecemos este abandono”, concluyeron.
