Francisco Barbosa dice que se podría vulnerar la independencia de la justicia.
El fiscal General, Francisco Barbosa, se fue de frente contra la propuesta del presidente Gustavo Petro de nombrar como gestores de paz a los jóvenes de la Primera Línea para librarlos de la cárcel antes de la Navidad.
Para el fiscal –quien esta semana se contagió de covid-19 y no pudo asistir a una reunión con el presidente–, este hecho no solo sería ilegal sino que menoscabaría la independencia de los poderes públicos que debe caracterizar a una democracia. “El ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”, le dijo Barbosa a la revista Semana, a la vez que indicó que la condición de ser gestores de paz no necesariamente significa que sean puestos en libertad.
“Hasta tanto se siga aplicando la legislación establecida en el Código de Procedimiento Penal, que determina que para revocar una medida de aseguramiento privativa de la libertad deben desaparecer los fines que dieron lugar a la misma, esto es peligroso para la comunidad, peligroso para la víctima y un riesgo de obstrucción a la Justicia”, añadió.
Según el jefe del ente investigador, los actos por los cuales se juzga a más de 230 personas que habría sido miembros de la llamada Primera Línea, entre los cuales hay cargos por concierto para delinquir, terrorismo, lesiones personales y tortura, entre otros, no guardan relación con la protesta social, como ha alegado el Gobierno de Petro.
Además, indicó que no se les ha violado el debido proceso a los implicados, que las decisiones de los jueces se han basado en las pruebas contundentes que han aportado los fiscales.
