Durante la audiencia de uno de los grupos más grandes de las Farc, llevada a cabo en el marco del caso 01, entre el 27 de julio al 25 de agosto, los comparecientes respondieron diversas preguntas presentadas por los magistrados, el Ministerio Público y las 252 víctimas acreditadas junto a sus representantes judiciales.
Ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, 33 antiguos integrantes del Bloque Oriental de las extintas Farc-EP entregaron sus versiones sobre secuestros ocurridos durante el conflicto armado en Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Bogotá, la región del Ariari y Duda-Guayabero, así como los Llanos del Yarí, en Meta, además de Guaviare, Guainía, Vichada y Vaupés.
“Lamentamos lo que sucedió, entendemos que el secuestro generó graves afectaciones, no solo a las víctimas directas, sino a sus familiares”, “Los relatos de las víctimas nos han hecho ser conscientes de todo”, “La muerte de ninguna persona es justificable, pedimos perdón (…) Estamos completamente convencidos de que este es el camino a la no repetición”, son algunos de los testimonios que entregaron los comparecientes.
Según reportes entregados por la JEP, el Bloque Oriental tiene el mayor número de secuestros reportados por las estructuras de las extintas Farc. A su vez, es la unidad con más comparecientes sometidos ante la JEP y con más víctimas acreditadas en el Caso 01. “De hecho, de las 3.422 víctimas que participan en el proceso judicial que investiga los secuestros, 1.038 están allí por hechos que ellos perpetraron”, expresaron.
Acerca de las víctimas que participaron en las 16 sesiones de esta diligencia, la JEP resaltó que 44 son miembros o familiares de integrantes de la fuerza pública y 208 son civiles. Estos, a su vez, representados por la Comisión Colombiana de Juristas, el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), la Fundación IPS para el desarrollo humano del sur colombiano (FUNIPSI) y la Corporación Mil Víctimas.
Sobre la realización de la diligencia, la JEP indagó sobre 172 hechos de secuestros que, en muchos casos, llevaron a desapariciones forzadas, violencia sexual y desplazamiento forzado. Entre ellos, los secuestros derivados de cinco tomas perpetradas por las extintas Farc-EP en El Billar y Puerto Rico, Caquetá; Mitú, Vaupés; Miraflores, Guaviare, y Uribe en Meta.
Los comparecientes del antiguo Bloque Oriental reconocieron la coordinación de varios frentes para secuestrar personas en el Cundinamarca y Bogotá. Sobre el secuestro del periodista Guillermo Cortés Cano, conocido como la ‘Chiva’ Cortés, a sus 74 años, los comparecientes reconocieron: “Hubo situaciones inhumanas, por nosotros sacar adelante esa negociación”.
También reconocieron durante la audiencia de versión colectiva que tenían un campamento de secuestrados en el Sumapaz. Allí, según contaron, albergaban de 20 a 30 secuestrados de distintos frentes. De acuerdo con lo que expusieron en la diligencia, solo en la zona del Sumapaz, el Caso 01 tiene registros de más de 800 personas cautivas.
“Tenemos que reconocer que no eran retenciones, eran secuestros. Ya nosotros entendemos qué es un secuestro”, dijo un compareciente, exintegrante del Bloque Oriental de Farc-EP durante la audiencia ante la JEP.
Cuando se abordaron los hechos perpetrados en la región del Ariari, Duda-Guayabero y en los Llanos del Yarí, un compareciente dijo ante la Sala de Reconocimiento: «afectamos a la comunidad cuando secuestramos a los docentes. No entendíamos lo que hasta ahora sí entendemos, ellos estaban evitando que los niños fueran al conflicto”.
En sus relatos, los comparecientes aportaron la información a través de mapas, incluso, hechos a mano. De esta forma explicaron la estructura y el funcionamiento de los campamentos de secuestrados, así como las rutas de traslado de quienes estaban en cautiverio. Por ejemplo, al tiempo que explicaba la cronología del frente, un compareciente relató cómo se realizaban los tránsitos fluviales entre el Guaviare, Guainía, el Vichada y Vaupés.
Se analizaron largamente casos particulares de exmilitares secuestrados, como el de general (r) Luis Mendieta, del coronel (r) Raimundo Malagón, del sargento (r) César Augusto Lasso, de la precandidata a la vicepresidencia Clara Rojas y de su hijo Emanuel -nacido en cautiverio-.
También el del subintendente Luis Peña Bonilla, quien fue secuestrado durante la toma de Mitú, en noviembre de 1998, y asesinado en cautiverio en 2003 y que su cuerpo aún no ha sido encontrado. Durante la diligencia, los comparecientes de las Farc-EP asumieron su responsabilidad por los secuestros de 61 policías y revelaron: “Hoy asumimos de forma colectiva que la decisión no fue liberarlo. La salud mental de Peña fue empeorando, le suministrábamos clonazepam”.
Las versiones colectivas entregadas por el Bloque Oriental de las Farc-EP serán incluidas en el expediente de la investigación con el fin de, posteriormente, contrastarlas con otras fuentes de información que nutren la investigación.
Según expresó la JEP, el siguiente paso a esta audiencia de versiones colectivas son las audiencias de observaciones de las víctimas, donde ellas se pronunciarán sobre las declaraciones que los comparecientes han hecho. Allí se podrán conocer en detalle cuáles son sus demandas de verdad y reconocimiento.
Sucesivamente, a través del Auto de Determinación de Hechos y Conductas, se atribuirá responsabilidad individual a los máximos responsables regionales, de quienes conformaban esa guerrilla a nivel de bloques y de frentes. Esta diligencia de versiones colectivas con el antiguo Bloque Oriental de las Farc-EP se realiza después de emitir la primera de siete imputaciones regionales, que se darán en el marco del Caso 01.
