También tendrán que presentar un balance de la reconstrucción de la infraestructura, viviendas y establecimientos de la isla que en noviembre de 2020 resultó gravemente afectada por el paso del huracán Iota.
Desde el pasado 2 de junio el gobierno Nacional tiene un plazo de 20 días para llevar a cabo las obras de saneamiento básico del alcantarillado de Providencia, la segunda isla del archipiélago de San Andrés, y se eviten los vertimientos de aguas residuales en el mar Caribe, además, tendrán que entregar un balance de la reconstrucción de la isla, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.
La orden la emitió la Corte Constitucional a través de un auto de la Sala de Revisión de Tutelas que analizó la que interpuso la comunidad raizal, con apoyo del Grupo de Acciones Públicas (GAP) de la Universidad del Rosario y otras organizaciones civiles, en las que solicitaron la protección de sus derechos a la consulta previa, a la vivienda digna, a la dignidad humana y a la salud.
“El Auto consagra como primera medida que el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (Ungrd) identifiquen cada una de las viviendas del Archipiélago que presentan problemas de vertimiento en el ambiente de las aguas negras domésticas y que en un plazo no mayor a 20 días, se realicen las adecuaciones necesarias en las viviendas, garantizando un sistema de saneamiento básico funcional así como también una protección eficiente y efectiva al medio ambiente”, explicó María Lucía Torres, directora del GAP del Rosario.
También el Alto Tribunal dio el mismo plazo para que el Gobierno Nacional entregue un balance pormenorizado de la reconstrucción de los establecimientos, viviendas, el hospital local y de la infraestructura de la isla.
“A la fecha no existen cifras contundentes y cronogramas públicos que permitan ala comunidad raizal conocer con exactitud el proceso de reconstrucción del Archipiélago y hacer veeduría al mismo”, agregó Torres.
También en el auto de la Corte se ordena revisar los avances en el posible proceso para reconocer los territorios de Providencia y de Santa Catalina, la tercera isla del Archipiélago, como propiedad colectiva de la comunidad raizal y que se ha gestionado desde el 14 de noviembre de 2020.
Según explicaron en el GAP con este proceso se estarían equiparando los derechos de los raizales con los de otras comunidades étnicas de Colombia porque al tener el reconocimiento de propiedad colectiva ellos podrán constituir resguardos, proteger su territorio de acciones de terceros y garantizar su integridad cultural.
Finalmente, el auto tendrá que ser traducido al Creole, el dialecto de los raizales en Providencia, para enviársela a la accionante, que este caso es la líder comunitaria Josefina Huffington Archbold quien tendrá que divulgarla dentro de su comunidad.