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octubre 25, 2022

General (r) Palomino tiene arrendada una propiedad del narcotraficante “Pedro Orejas.

La propiedad fue arrendada por 8.000 millones de pesos mensuales durante 4 años.

Además de los recientes escándalos por presuntos hechos de corrupción, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que es la entidad a donde van a parar todos los bienes son decomisados a quienes están procesados en narcotráfico y actividades ilegales, se vio envuelta en una nueva polémica.

Esta vez, el revuelo también involucró al general en retiro Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional que fue retirado de su cargo por orden de la Procuraduría General de la Nación.

Según admitió el mismo Andrés Ávila, quien dirigía la SAE durante el gobierno de Iván Duque, una empresa cuyo representante legal es Palomino logró obtener un contrato de arrendamiento por $8 mil millones de pesos en uno de los predios que pertenecía al reconocido paramilitar Pedro Nel Rincón Castillo, alias Pedro Orejas.

Según una investigación de la Revista Cambio, la propiedad es conocida como La Granada y está ubicada en un amplio lote de Simijaca, Cundinamarca.

Dicho contrato estipula que esa cifra de $8 mil millones se entregue cada mes durante 4 años. El contrato, según varias investigaciones periodísticas, se firmó el pasado 17 de agosto por lo que, si bien fue un trámite que se gestó durante el gobierno Duque, terminó por firmarlo el actual gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Esa empresa es representada por el general Palomino. No existe ninguna prohibición legal para negar una oferta de esas características. Fue la única oferta que llegó. Eso se puede comprobar con la nueva administración. Entiendo que el contrato se firmó en agosto, pero la entrega la hizo este Gobierno y firmó un otrosí al contrato para entregarlo al arrendatario”, aseguró Ávila en una entrevista con la Revista Semana.

La noticia de que la Fiscalía ocuparía más de 770 bienes de “Pedro Orejas” fue anunciada en septiembre de 2021.

Para esa fecha, el ente acusador señaló que las propiedades estaban avaluadas en alrededor de 1 billón de pesos y repartidas en Bogotá y los municipios de Chiquinquirá, Moniquirá, Simijaca, San Miguel de Sema, Otanche, San Pablo de Borbur, Maripi y Pauna (Boyacá), y Paratebueno, Medina y Ricaurte (Cundinamarca).

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