La alta corte aseguró que algunas casas se entregaron incompletas y en mal estado, lo que las hace “incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán”.
En respuesta a una tutela presentada por la comunidad raizal, la Corte Constitucional determinó que el gobierno de Ivan Duque incumplió los compromisos que tenía con los habitantes de Providencia y Santa Catalina en el proceso de reconstrucción de las islas, después de los estragos dejados por el huracán Iota.
“El gobierno incumplió con los acuerdos, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas, sin cisternas, con graves defectos de saneamiento básico e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracan”, concluyó la Corte.
El alto tribunal también constató que las autoridades encargadas negaron al pueblo raizal el derecho fundamental a la consulta previa, lo cual derivó en una total desconexión y falta de diálogo entre el gobierno y los habitantes de las islas.
Esto también se vio reflejado en la construcción sin consulta previa de una estación de guardacostas de la Armada Nacional que se priorizó sobre la reconstrucción de edificios centrales para la comunidad raizal.
Esta decisión se dio luego de una tutela presentada por una representante de la comunidad raizal quien aseguró que Presidencia de la República, la Unidad de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina habían vulnerado los derechos de los habitantes de estas dos islas durante la planeación y ejecución después del paso del huracán Iota que destruyó el 98%.
Por ello, el alto tribunal ordenó a la alcaldía y la UNGRD que en 30 días intervenga el hospital de campaña para garantizar el acceso a la salud de los habitantes; 45 días para garantizar el acceso a agua potable y 90 días para el cierre de los terrenos utilizados durante la emergencia como botaderos y basureros.
Igualmente, en 15 días y acompañados de otras entidades como el Ministerio del Interior y de Vivienda para que adelanten un proceso de consulta con la comunidad raizal sobre el nuevo proceso de reconstrucción, incluyendo la corrección de errores realizados en el gobierno anterior.
“El proceso de reconstrucción integral de la isla no ha terminado y está lejos de estarlo”, determinó la Corte.
La polémica reconstrucción de San Andrés y Providencia también obligó a la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación a poner la lupa sobre los multimillonarios contratos. De hecho, la Contraloría halló irregularidades por más de $2.000 millones en ese mismo proceso de construcción que lideró el gobierno del expresidente Duque.
