Néstor Osuna señaló que ya hay un plan en marcha para aumentar el número de funcionarios del Inpec.
Tras la conclusión del encuentro de Asocapitales, que reunió a los alcaldes de las principales ciudades del país, con el propósito de abordar la ola de inseguridad y violencia en anticipación a las elecciones regionales de octubre, el Ministerio de Justicia en coordinación con el Ministerio de Defensa, ha anunciado la implementación de una estrategia para fortalecer la presencia de funcionarios del Inpec en los centros de detención de la Policía, como los CAI.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que ha habido un cambio progresivo en la custodia de personas no condenadas que están en estaciones de policía, ya que actualmente son resguardadas por funcionarios policiales, función que no es propia de la Policía.
Por esta razón, se propone ampliar gradualmente el rol del Inpec para que asuma esta responsabilidad. “El Inpec está encargado de velar por las personas privadas de libertad en las cárceles nacionales, pero creemos que su servicio puede ir expandiéndose progresivamente”, señaló el ministro.
Este enfoque busca liberar a la Policía de ciertas tareas de custodia, permitiéndole concentrarse en labores de patrullaje y seguridad ciudadana. El Inpec, como entidad especializada en la administración de centros de reclusión, posee la experiencia necesaria para desempeñar esta función.
Se aclaró que esta estrategia se encuentra en fase de estudio y no forma parte del proyecto de ley de humanización de cárceles. Su enfoque se centra en las estaciones de Policía, no en instalaciones de detención permanentes.
El ministro de Justicia destacó que este proceso requerirá tiempo y recursos financieros, ya que implicará aumentar el número de funcionarios del Inpec.
Se estima que se necesitarían de 19,000 a 20,000 funcionarios para cubrir todas las personas privadas de libertad en estos centros de detención temporales, en comparación con los 14,000 funcionarios actuales.
El ministro Osuna mencionó que se prevé comenzar a implementar las nuevas funciones del Inpec en un plazo de aproximadamente dos años.
Esta medida busca no solo optimizar los recursos de seguridad, sino también permitir que la Policía desempeñe su rol de protección ciudadana de manera más efectiva y que el Inpec asuma la tarea de custodia en estas instalaciones temporales.
El coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), se refirió a las estrategias que se establecerían en el proyecto anticorrupción para los 128 carcelarios de Colombia, que tendría como objetivo central la posibilidad de legalizar el uso de teléfonos móviles al interior de algunos de los establecimientos carcelarios.
La propuesta se trata de un plan piloto para controlar el uso de los teléfonos móviles, ya que “el ingreso de elementos prohibidos como estos ha sido una de la problemática más frecuente a lo largo de los años. Además, podría ser una idea que generaría cambio en torno a la eliminación de extorsiones y corrupción dentro de los penales”, según mencionó el oficial Gutiérrez.
Cabe destacar que recientemente se han establecido diferentes reuniones con los ministerios de Justicia y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para solucionar la problemática, en las que se han discutido sobre los impactos positivos y negativos de usar aparatos móviles abiertamente para las personas privadas de la libertad (PPL).
El funcionario además explicó que “son iniciativas que estamos trabajando y las cuales están aterrizadas en términos jurídicos, seguridad ciudadana y humana y resocialización, pero hay que revisar todos esos ítems para determinar si es viales. Esto nace a través de todo lo que se ha presentado durante años y que no ha funcionado como los inhibidores, la restricción y demás”.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se explicó que dentro de las propuestas se destaca poder identificar con quien se está comunicando cada interno, además se humanizaría sus condiciones de vida, permitiendo que haya un puente entre el detenido y sus familiares y amigos.
Así, el uso de los teléfonos móviles estaría condicionado por un cronograma y un registro permanente del servicio. Además se confirmó que estos beneficios se incorporarían en centros penitenciarios que certifiquen bajos niveles de extorsión.
El coronel Daniel Gutiérrez clarificó que esta se trata de una propuesta que aún está en estudio y que se aplicaría bajo un modelo de “centro de llamadas’’. Y que se incorporarán mesas de trabajo con los actores que están tanto a favor como en contra del planteamiento y de esta manera incorporar herramientas que mejoren las condiciones y la calidad de vida de los internos.
A su vez concluyó su intervención aseverando que para que esta pase de ser una propuesta y se ejecute en el plano real se debe aprobar por entes de control como el Gobierno nacional y en el Congreso de la República.
