El Juzgado 59 penal del circuito de Bogotá, determinó que la exministra de las TIC no resultó afectada psicológicamente, como ella argumentó, tras escándalo de Centros Poblados.
Este lunes 10 de octubre, la jueza 59 penal del circuito de Bogotá, consideró que la exministra de las TIC, Karen Abudinen, no es víctima del proceso por el escándalo de corrupción en Centros Poblados. Esto, porque la defensa de la exfuncionaria, no acreditó la supuesta afectación que ella narró en materia de su carrera y salud mental.
“Hoy mi carrera profesional y mi persona se han visto juzgada, tengo que ir al psicólogo (…) Si ellos no hubieran entregado los documentos falsos, a los cuales ellos sabían, yo no estuviera pasando todas estas cargas, afectivas, profesional y personales (…) Dígame usted ¿Quién podría contratar a una persona que supuestamente, aparte de denunciar, participó de un entramado?”, señaló.
Y añadió que no busca reparación económica alguna. “Quiero repetirles que no estoy por intereses económicos, mi condición se trata porque me hicieron un daño donde incluso en las redes sociales no paran de presionar por un daño que no he cometido”.
A pesar de esta decisión, la togada le dio la oportunidad para que, ante el Tribunal Superior de Bogotá, exponga de nuevo sus argumentos y pueda ser aprobada o no su petición.
Bajo el contrato 1043 de 2020, MinTic, bajo la entonces dirección de Karen Abudinen, preveía una inversión de hasta $1,7 billones para la construcción de 7.000 centros digitales en zonas rurales de Colombia.
Contrato que, tras una licitación, ganó la Unión Temporal Centros Poblados, pues al parecer cumplía con los requisitos como experiencia y capacidad para brindar internet en estos lugares.
Sin embargo, una vez el gobierno les entregó un anticipo de $70.000 millones, para que adquirieran elementos básicos, pasaron los meses y no se vislumbraba ninguna construcción. Si acaso, algunas, apenas tenían las bases.
Fue hasta el 19 de julio de 2021, que el Ministerio de las Tecnologías terminó el contrato y los cuestionamientos estaban dirigidos a su directora. Pues un tiempo después, se conoció que el Banco Itaú había comunicado que Centros Poblados presentó una garantía bancaria falsa.
Actualmente, son investigados Emilio Tapia, condeno por participar en el carrusel de la contratación de Bogotá, durante la administración de Samuel Moreno; el representante legal Luis Fernando Duque y el agente de seguros Juan José Laverde.
