El órgano de control busca adelantar un “estricto seguimiento” al programa que brinda alimentación a niños y adolescentes de colegios públicos.
Las denuncias sobre irregularidades y problemas con el suministro de alimentos a los niños y adolescentes en colegios públicos de Colombia han sido una constante en distintas ciudades y departamentos.
Por ello, con el fin de anticiparse a incumplimientos y prevenir hechos que afecten las garantías de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la Procuraduría General requirió a 32 gobernadores y a 64 alcaldes de distritos y municipios certificados para que den un informe detallado sobre la forma en que se está desarrollando el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en sus territorios.
“Durante el año 2022 hemos advertido retrasos e interrupciones en el inicio en la prestación del servicio y hallazgos en la calidad e inocuidad de las raciones entregadas”, explicó la Procuradora delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres, Viviana Mora Verbel, detallando que se han presentado “varias alertas en las que se han identificado riesgos de enfermedad transmitidas por los alimentos”, así como “otras situaciones que han incidido en la calidad del servicio”.
Ante este escenario, y para que el órgano de control verifique el cumplimiento de sus obligaciones, los mandatarios deberán reportar a Ministerio Público las actividades de inspección, vigilancia y control realizadas al PAE en lo corrido del año, en relación tanto con la calidad e inocuidad de los alimentos servidos, como con las condiciones de sanidad y salud pública de los centros educativos que cuentan con el programa.
En el informe, las entidades territoriales tendrán que informar, “especialmente”, sobre las visitas a los sitios por parte de la administración “para verificar las condiciones de prestación del servicio de alimentación escolar, los resultados y las medidas adoptadas, en caso de haber evidenciado falencias en la ejecución”, según precisa un comunicado de Procuraduría.
Además, tendrán que entregar el cronograma de visitas de verificación que se realizarán en lo que resta del 2022, “indicando la fecha tentativa de su realización, para coordinar acompañamiento del Ministerio Público en estas diligencias”.
